White Papers

Los avales limitados

Por EDINSON ANTONIO LARA AGUAYO

Abogado

Diario La Ley Nº 5987, Año XXV, 31 de Marzo de 2004, Ref. D-76

El artículo analiza el problema que plantean los avales limitados por contraposición a los avales totales o generales. La Ley Cambiaria solamente reconoce, en principio, el aval parcial, es decir, el limitado a una parte del importe de la letra. Si nada se indica en la letra el aval es general y, por consiguiente, el avalista responde de igual manera que el avalado, lo que podría hacer pensar en la ineficacia de las limitaciones que alteren o modulen dicha identidad de responsabilidades. La Ley, a diferencia del Código de Comercio, guarda silencio sobre los otros avales limitados: a "condición", a "persona" o a "tiempo", siendo la limitación más controvertida la que se refiere al aval limitado a "caso o condición". Estudia el autor las objeciones que plantea la doctrina a la configuración de los avales limitados no regulados por la Ley, y concluye a favor de su admisibilidad en el Derecho español, teniendo como base el principio general de la autonomía de la voluntad. En el caso del aval condicional, sin embargo, precisa que la condición sólo se puede hacer valer "inter partes", mas no frente a los terceros, pues se afectaría el principio de literalidad, lo que plantea el problema de la autosuficiencia de las declaraciones cambiarias, así como el de la seguridad y celeridad de la circulación del crédito documentado.

I. INTRODUCCIÓN

Frente a los "avales totales o generales" se opone la categoría de los "avales limitados". El único aval limitado que se reconoce, en principio, es el aval parcial, es decir, el limitado a una parte del importe de la letra (art. 35.I LCCh.) (1). Si nada se indica en la letra de cambio el aval es general y, por tanto, el avalista responde "de igual manera que el avalado" (art. 37.I LCCh.). La Ley Cambiaria y del Cheque guarda silencio sobre los otros "avales limitados": a condición, a persona o a término, a diferencia del Código de Comercio que los regulaba en forma expresa (vide el art. 487).

El problema de si el avalista puede limitar o modular su obligación y, por tanto, su responsabilidad cambiaria respecto a la obligación contraída por el avalado en la letra de cambio adquiere una especial importancia dogmática con la entrada en vigor de la Ley Cambiaria y del Cheque (1985). Pues bien, estudiaremos si dichos avales limitados no regulados en forma expresa --ni siquiera mencionados-- pueden ser válidos y eficaces (o no). Comenzaremos por la limitación más cuestionable desde el punto de vista dogmático: el aval condicional.

II. EL AVAL LIMITADO A CONDICIÓN

Para examinar la problemática del aval condicional se hace necesario, como punto de partida, hacer una breve reseña histórico-normativa y doctrinal.

El derogado art. 487 del Código de Comercio de 1885 (equivalente al art. 477 del Código de Comercio de Sáinz de Andino de 1829), después de establecer la limitación del aval en cuanto al tiempo, contemplaba el aval condicional, y lo describía en forma concisa como el aval limitado a "caso". Ab initio, la voz "caso" se consideraba como una expresión enigmática y ambigua, y suscitó muchas dudas interpretativas en la doctrina de la época en cuanto a su significación (2). Finalmente, se impuso la doctrina que concebía la expresión "caso" como aquella referida a una condición; es decir, se admitía el aval condicionado.

Pues bien, resuelto el enigma de la expresión "caso", la mayoría de la doctrina consideraba el aval sub conditione como una obligación válida y eficaz (3), entendida la condición, no en su sentido natural y obvio, según su uso general, sino en su significación técnico-jurídica. Algunos autores admitían el aval condicional sin ninguna limitación; otros autores, en cambio, consideraban válido el aval siempre que la condición se encuadrara dentro de ciertos límites, v. gr.: el avalista no podía alterar o exonerarse de su responsabilidad solidaria de las obligaciones cambiarias en juego. En definitiva, no podía oponer el avalista el beneficium excussionis ni el beneficium divisionis por contradecir la naturaleza o esencia del negocio cambiario del aval, como quiera que el avalista respondía, como asimismo conforme al régimen vigente, solidariamente del pago de la letra de cambio (4). Pero, aparte de lo dicho, la admisibilidad del aval no provocaba más reparos. En una posición extrema, un autor considera que el aval condicional traiciona las reglas generales del Derecho cambiario, al permitir al avalista obligarse para un caso determinado (5).

De todo lo dicho precedentemente fácil es concluir que la doctrina que comentó el art. 487 del Código de Comercio --que contemplaba el aval limitado a "caso"-- reconocía al avalista la facultad de limitar los efectos del aval a una condición en su sentido técnico-jurídico; esto es: como un hecho futuro e incierto, ajeno a la letra, el cual era considerado perfectamente válido y eficaz con la única limitación de que no afectase a la esencia o naturaleza del aval.

La doctrina señalaba como ejemplos de aval condicional los siguientes: "por aval en caso de quiebra del aceptante o suspensión de pagos del librador, o para el supuesto de haber trasladado alguno de éstos su domicilio al extranjero" (6). Por consiguiente, en estos casos se establecía una condición suspensiva y positiva a la obligación del avalista --que devenía condicional-- pues sólo podía exigirse a la hora de cumplirse el hecho constitutivo de la condición. En los ejemplos citados bastaba la quiebra del aceptante, la llegada de la suspensión de pagos del librador, o el traslado del domicilio al extranjero. Al no producirse estos supuestos no nacía obligación alguna de cargo del avalista. Otros ejemplos citados por la doctrina eran los siguientes: "para el caso de enfermedad o ausencia, o para el caso de que el avalado le compre al avalista una serie de mercaderías o le preste algún servicio" (7). Se admitía el establecimiento de toda clase de condiciones suspensivas o resolutorias (8), con las reservas formuladas anteriormente, aunque la obligación del avalado fuera "pura".

En definitiva, bajo la vigencia del art. 487 del Código de Comercio se aplicaban a la obligación cambiaria de aval las reglas generales sobre las obligaciones condicionales establecidas por el Derecho civil, en tanto admiten su validez, por lo general, en concordancia con el principio de la autonomía de la voluntad.

1. Objeciones a la admisibilidad del aval condicional

La cuestión de la admisibilidad del aval condicional puesto en la letra de cambio se plantea en el Derecho español con particular interés a partir de la promulgación de la Ley Cambiaria y del Cheque en el año 1985 (constituye la limitación más controvertida desde el punto de vista dogmático). El silencio normativo de dicho texto legal ha provocado, precisamente, el problema interpretativo que nos ocupa.

En el contexto histórico normativo señalado precedentemente fácil es entender que la mayoría de la doctrina considerara al aval sub condicione como una obligación válida y eficaz (9).

Pues bien, corresponde ahora hacernos cargo de los planteamientos que rechazan la validez y admisibilidad del aval condicional colocado en la letra de cambio, y en cuya virtud se pretende limitar la responsabilidad cambiaria del avalista respecto de la contraída por el avalado. Las objeciones que se formulan a la validez del aval condicional son las siguientes:

En primer lugar, todas las declaraciones cambiarias insertas en la letra están relacionadas con la del autor del título (10). Este vínculo se manifestaría no sólo en la dependencia formal de la validez de las declaraciones cambiarias sucesivas respecto de la principal o primigenia (la orden dada por el librador al librado de que pague la letra al tomador o a su orden), sino también en la determinación del contenido de las declaraciones cartulares sucesivas (no tanto en sentido cronológico como desde el punto de vista lógico).

Se afirma que el aval condicional sería inadmisible e inválido por ser la condición "incompatible con el carácter puro y simple de la promesa de pago que la letra contiene"(11). En efecto, se ha dicho que es posible extraer de una interpretación sistemática de la Ley Cambiaria y del Cheque el principio general de invalidez de las obligaciones cambiarias sub condicione (12).

En segundo lugar, se rechaza el aval condicional fundado en el contenido del aval. El art. 37 de la Ley Cambiaria y del Cheque establece que "el avalista responde de igual manera que el avalado". Entonces, se aduce que esta norma impediría que el avalista alterase o modificase de cualquier manera su obligación respecto a la declaración del avalado, sin perjuicio de que pueda limitar su responsabilidad a una cantidad determinada (atendido el expreso reconocimiento del aval parcial en el art. 35 de la citada Ley) (13).

En tercer lugar, se rechaza la validez del aval condicional fundado en que constituye "una vía de acceso del negocio causal entre avalista y avalado a la relación cambiaria, incompatible con la naturaleza abstracta de las obligaciones cambiarias"; en otras palabras, comportaría el acceso de la relación causal al plano cambiario, caracterizado por la naturaleza abstracta de sus obligaciones, especialmente tras la promulgación de la Ley Cambiaria y del Cheque (14). Se aduce que tener por no puestas las condiciones y por válido al aval "estaría más acorde con el sistema de la nueva Ley, que prevé la misma solución para el endoso condicionado"(15).

En cuarto lugar, se propugna la invalidez de los avales condicionados en consideración del principio de literalidad --predicable respecto de todas las obligaciones cambiarias-- en cuanto la efectividad de la obligación se hace depender de un hecho extraño a la cambial, lo que no sucedería "si se condicionase el negocio jurídico de aval"(16).

2. Nuestra posición

En nuestro concepto, el aval limitado a condición puede considerarse válido y eficaz; pero sólo inter partes. Para ello, como fundamento, nos serviremos del principio de la autonomía de la voluntad acogido en el art. 1.255 del Código Civil, por el cual los contratantes pueden establecer "los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente", con los únicos límites establecidos por las leyes (lo que debe entenderse referido a las normas de ius cogens), la moral y el orden público (considerados éstos como los límites inmanentes de la autonomía de la voluntad).

Bajo el amparo del principio indicado, como se ha dicho antes, los contratantes podrán contraer obligaciones sujetas a condición, las cuales en el Derecho común son reputadas válidas, a menos que hayan sido prohibidas por la ley (vide los arts. 1.113, 1.114 y 1.116 del Código Civil). Este último artículo establece la sanción de nulidad para diversas hipótesis, entre las que se encuentran las condiciones prohibidas por las leyes.

En el caso del aval condicional es el límite resultante del Derecho imperativo el que ha de reclamar nuestra atención. De lo que se trata es de examinar la cuestión a la luz de los "principios cambiarios", formados como tales en virtud del análisis sistemático --tarea inductiva-- de la legislación cambiaria. Es aquí donde hay que distinguir lo imperativo de lo dispositivo. Ahora bien, para aislar lo imperativo debemos considerar lo que delimita el aval y que constituye su límite, el cual estaría dado por las características fundamentales que lo tipifican. Así pues, no serían admisibles las condiciones que contradigan la esencia de la obligación del avalista, como lo es su responsabilidad de posición (jurídica) respecto del grado o lugar que ocupa en la relación cambiaria, y por la cual responde como si a él fuera imputable la declaración del avalado (art. 37.I LCCh.), su responsabilidad solidaria (art. 57.I LCCh.), el régimen de excepciones (art. 37.I LCCh.). Tales características inducidas del Derecho cambiario configurarían la esencia o naturaleza del aval (17). Por consiguiente, son de Derecho imperativo y estaría vedado a los sujetos cambiarios derogarlas o alterarlas.

Es un hecho evidente que la ley tampoco exige que la declaración cartular del aval sea "pura", o "pura y simple". Por otra parte, no establece ninguna prohibición para que los sujetos cambiarios establezcan condiciones en el aval.

Por último, es claro que la ley no sanciona con la nulidad o ineficacia el supuesto del aval condicional, como quiera que nada dice al respecto. Pero tampoco lo prohíbe.

Expuesto aquí el núcleo de la tesis que nos parece más acertada, en los siguientes apartados daremos desarrollo al postulado acogido por la vía del análisis y la refutación de las objeciones opuestas a la admisibilidad del aval condicional.

3. Objeciones a los planteamientos que rechazan el aval condicional

A) La existencia de un principio por el cual las obligaciones deben ser puras

Un primer argumento esgrimido para rechazar el aval condicional es el de la existencia de un principio general por el que todas las declaraciones cambiarias deben ser puras. Dicho principio se induciría de los arts. 1.2.º, 15.I y 30.I de la Ley Cambiaria y del Cheque, que exigen que las declaraciones cambiarias del librador, del endosante y del aceptante sean "puras y simples".

A fin de arribar a una conclusión al respecto, debemos analizar previamente qué fines e intereses se pretende proteger por el legislador en los artículos citados con antelación, que establecen que las obligaciones cambiarias reguladas en ellos sean puras y simples.

Pues bien, si los fines e intereses que concurren en el libramiento, aceptación y endoso, concurren en el aval, entonces será cierto que el principio enunciado existe como tal, y, por consiguiente, habrá que aplicar por analogía los arts. 1.2�, 15.I y 30.I de la Ley Cambiaria y del Cheque, pues como expresa la regla ubi eadem ratio, ibi idem ius.

Pero, por el contrario, si los fines e intereses son propios y específicos de dichas declaraciones cartulares y no concurren en la declaración cambiaria del avalista, habrá que admitir la conclusión contraria; esto es, que en el aval se aplica el principio general de la autonomía de la voluntad que se manifiesta en la validez de las obligaciones condicionales (art. 1.255 del Código Civil). Pasamos ahora a examinar cada una de ellas.

En primer lugar, la declaración cambiaria del librador ha de ser pura y simple, según lo dispone expresamente el número segundo del art. 1 de la Ley Cambiaria y del Cheque al establecer que la letra deberá contener "el mandato puro y simple de pagar una suma determinada"; es decir, no puede quedar sometida a condición, y si el librador insertare una condición en la letra no se considerará como letra de cambio (art. 2 LCCh.), y, por consiguiente, no surgirá ninguna obligación cambiaria.

La ratio de la norma es clara, aquí se protege la función circulatoria que la letra de cambio está llamada a cumplir, en cuya virtud se negocia o moviliza el crédito cambiario que ella representa. Por eso, el libramiento debe ser un negocio jurídico puro. Además, en línea de principio, el libramiento es, desde un punto de vista lógico, la declaración cambiaria original sobre la que descansan todas las demás. Si se permitiera condicionar el libramiento, es indudable que quedaría muy limitado el tráfico del título por la desconfianza que acarrearía e impediría la incerteza del nacimiento de la obligación cartácea fundamental, sometida a una condición suspensiva o resolutoria. Por lo mismo, impediría una fluida circulación de la letra, más aún, si es un título abierto a la circulación en forma sucesiva e indefinida. Además, significaría verificar eventos futuros e inciertos mediante investigaciones extracartulares (18). Por último, conviene tener presente que el librador es el "último" garante del pago de la letra (vide el art. 11 LCCh.)

Por el contrario, en el aval cambiario, si se inserta una condición (a diferencia del libramiento condicional que afectaría erga omnes), sólo atañe exclusivamente a la declaración cartácea del avalista. Por tanto, en el aval, la función de circulación no se verá afectada, en atención a que siempre quedarán obligados al pago todos los demás firmantes, los que responderán con independencia de la eficacia de la obligación condicional del avalista.

En segundo lugar, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 de la Ley Cambiaria y del Cheque, el endoso debe ser "puro y simple", y se añade, además, que "toda condición a la que aparezca subordinado se tendrá por no puesta".

La ratio iuris de la prohibición legal de condicionar el endoso es evidente: obedece a la función fundamental que tiene la letra de servir de instrumento de circulación. De hecho, el endoso es el vehículo de circulación de la letra (nos referimos al endoso con efectos cambiarios), y cuya función principal es la de transmitir la propiedad de la letra y la titularidad del derecho de crédito que ella contiene al endosatario, otorgándole la consiguiente legitimación, lo que supone una cadena no interrumpida de endosos, sin rupturas, asegurando la posición jurídica de los sucesivos sujetos cambiarios que adquieran la letra; como quiera que el endoso transmite todos los derechos inherentes a la letra de cambio, según lo dispone el párrafo primero del art. 17 de la Ley Cambiaria y del Cheque. Además, la letra es un título naturalmente a la orden, pues aunque no esté librada como tal, será, de todos modos, transmisible por endoso (art. 14.I LCCh.). Así se protege y da seguridad al tenedor, que podrá ejercer los derechos cambiarios expresados en el título sin más carga inicial que la de hallarse legitimado.

Efectivamente, la protección del tráfico cambiario se vería bastante disminuida si se pudiera someter el endoso a una condición, pues el nacimiento o extinción de las obligaciones cambiarias quedaría supeditada a un acontecimiento futuro e incierto que puede suceder o no. Así, si la condición suspensiva fallara o se cumpliera la resolutoria, se vulneraría el efecto legitimador del endoso, y, por consiguiente, la seguridad de la circulación (vide el art. 19.I LCCh.). Además, podría quedar rota la cadena de endosos, "provocaría que ningún tercero adquiriese un título con un endoso condicionado, viéndose frenada la circulabilidad del título" (19).

En fin, se beneficia la función de circulación típica que la Ley ha instaurado (20), por encima de la voluntad contraria del endosante que coloque una condición. Por razones análogas, no cabe el endoso parcial (art. 15.II LCCh.) y se sanciona con la nulidad si de hecho se insertare en el título.

En efecto, la eventual condición puesta por el endosante en su propia declaración no anula el endoso, como sucede con el libramiento, que determina la inexistencia del documento como tal letra de cambio (art. 2 LCCh.), sino que, según se prevé en la Ley, la condición se tendrá por no escrita (vitiatur sed non vitiat). Todo esto refleja, claramente, el tratamiento diferenciado dispensado por el legislador. La aceptación condicional provocaría la nulidad de la aceptación, como veremos en detalle más adelante, lo que hace suponer que se ha tenido en cuenta múltiples intereses (no coincidentes), al arbitrarse diversas sanciones. Por otra parte, si fuera posible someter el endoso a una condición suspensiva y ésta, en definitiva, no se cumpliera, o en el caso de que una condición resolutoria finalmente se cumpliera, ninguna duda cabe que se rompería el nexo cambiario de la cadena de endosos y su continuidad formal (vide el art. 19 LCCh.). Por consiguiente, ningún tercero se interesaría en adquirir la letra con un endoso condicional, pues estaría afectada la seguridad del tráfico cambiario, la seguridad de la circulación y la legitimación cambiaria de los sucesivos tenedores, los cuales, como es sabido, deben justificar su derecho mediante una serie no interrumpida de endosos (art. 19.I LCCh.) (21).

En el aval esa función circulatoria no existe, o, por lo menos, no es de la misma entidad que en el endoso y, de otro lado, como el avalista no forma parte de la cadena de endosos, tampoco va a provocar problemas de legitimación. Por lo demás, el aval --al igual que el endoso-- es una obligación espontánea, no necesaria ni indispensable en el curso de la vida de la letra. Por otra parte, el aval condicional puede beneficiar al tenedor y en modo alguno lo perjudica. No se puede decir lo mismo respecto del endoso condicional.

En tercer lugar, el párrafo primero del art. 30 de la Ley Cambiaria y del Cheque establece que la aceptación "será pura y simple"; no obstante, se autoriza al librado para limitarla a una parte del importe (aceptación parcial). La dicción de la norma citada prohíbe la aceptación condicional. El problema se relaciona con la determinación de las consecuencias jurídicas que trae aparejada la aposición de una condición en la aceptación, especialmente por el párrafo segundo del art. 30 de la Ley Cambiaria y del Cheque, que establece lo siguiente: "Cualquier otra modificación introducida por la aceptación en el texto de la letra de cambio equivaldrá a una negativa de aceptación. Esto no obstante, el aceptante quedará obligado en los términos de la aceptación".

Toda la discusión doctrinal que se ha producido en el Derecho español gira en torno a la interpretación de la norma citada. Sin embargo, la doctrina mayoritariamente considera la aceptación condicional como radicalmente nula (22), careciendo, por tanto, de toda eficacia obligatoria, y se entiende regulada por el párrafo primero del art. 30 de la Ley Cambiaria y del Cheque, al igual que la aceptación parcial.

El caso de la aceptación modificativa, que contiene el párrafo segundo del art. 30 citado, no sería aplicable a la aceptación condicional (23), sino a "cualquier otra modificación introducida por la aceptación". En suma: ambos párrafos regulan diversos supuestos de hecho. El párrafo segundo, en cambio, regularía cualquier modificación que no sea la aceptación parcial o condicional (tomada la condición en su sentido técnico, como un hecho futuro e incierto), pues ellas están reguladas por el párrafo primero (24). Así pues, si se exceptúa la aceptación parcial y la condicional, cualquier modificación introducida por la aceptación al texto de la letra "equivaldrá a negativa de aceptación". Pero, de todos modos, "el aceptante quedará obligado con arreglo a los términos de su aceptación" (art. 30.II LCCh.).

La ratio o sentido de la exigencia normativa de que la aceptación sea pura y simple, es decir, incondicional, consiste en favorecer y proteger la seguridad de la circulación del título cambiario (25). Si la aceptación condicional fuese válida y eficaz, sería dable condicionar el pago de la obligación cambiaria principal a circunstancias que no se desprenderían del texto de la letra de cambio, lo que "colisionaría frontalmente con el principio de literalidad, a cuyo tenor los presupuestos y modalidades de la responsabilidad cambiaria deben inferirse íntegramente del texto cambiario" (26).

En fin, el legislador no atribuye eficacia a la condición, porque ello constituiría una rémora para la circulación, pues se verían afectados los derechos de reembolso anticipado por falta de aceptación de cualquier tenedor (27)(vide la letra a) del párrafo segundo del art. 50 de la Ley Cambiaria y del Cheque).

En efecto, si la condición era suspensiva y resulta fallida, la obligación cambiaria no llega a formarse (28). Cumplida la condición resolutoria, se extingue el derecho condicional y la obligación correlativa. En ambos casos, ha de entenderse (desde el punto de vista del deudor) que no hay ni ha habido obligación cambiaria alguna. Como contrapartida, el tenedor, por tanto, se quedaría sin aceptación y sin la acción de reembolso por falta de aceptación antes del vencimiento de la letra.

Todos estos problemas de inseguridad de los firmantes de la letra de cambio, y particularmente, el derecho de crédito de los tenedores, se pretende evitar con la exigencia de que la aceptación sea pura y simple. Como telón de fondo, según se ha dicho con precedencia, siempre ha de estar la seguridad de la circulación.

Pues bien, toda la problemática planteada con antelación no opera en el aval cambiario. Los intereses que se tienen en cuenta por el legislador en orden a proteger al acreedor cambiario, y concretamente, al derecho de regreso anticipado no se vislumbran en el aval. Por demás, la declaración cambiaria de aval no es necesaria para la eficacia de la aceptación, así como no lo es en la transmisión de los derechos cartáceos ni en el libramiento. En el aval esa función circulatoria no existe. Por otra parte, si el avalista ha expresado su voluntad de obligarse condicionalmente, beneficia al tenedor darle valor a esa obligación, y no negársela, pues en nada lo perjudica, mas sí lo puede beneficiar. En consecuencia, se puede afirmar que no existen los mismos intereses que la Ley trata de proteger a la hora de regular la aceptación como "pura y simple".

En efecto, de la exposición efectuada se ha podido comprobar que las declaraciones cambiarias, de libramiento, endoso y aceptación poseen una ratio iuris e intereses jurídicos protegidos divergentes. Por tanto, no se puede inducir un principio general prohibitivo de las declaraciones cartulares condicionales, ni de ineficacia o nulidad de las condiciones, sino que se trataría de "concretas excepciones expresamente reguladas" (29), lo cual se justifica por las peculiares funciones y características de las declaraciones cartáceas que hemos analizado precedentemente.

En definitiva, no existen los mismos intereses que la Ley trata de proteger al exigir que el libramiento, el endoso y la aceptación sean puros y simples. Por ello, no sería aplicable analógica o supletoriamente al aval (30). Además, no se aprecia identidad de razón (art. 4.1 del Código Civil); es decir, que los supuestos de hecho coincidan en los aspectos esenciales para la valoración jurídica.

Como se ha señalado con precedencia, el legislador anuda diferentes consecuencias jurídicas a la inserción de una condición en las antedichas declaraciones cambiarias. Así, el libramiento condicional implica la nulidad de la letra (arts. 1.II y 2.I LCCh.); en el endoso sujeto a condición, sólo la condición se considerará no escrita (art. 15.I LCCh.), a fin de beneficiar la función de circulación, y por lo mismo, no se admite el endoso parcial, pues "será nulo" (art. 15.II LCCh.); sin embargo, se admite la aceptación parcial (art. 30.I LCCh.) y el aval parcial (art. 35.I LCCh.). Por otro lado, la aceptación debe ser pura y simple (art. 30.I LCCh.) o "incondicional"; la aceptación condicional es nula. Por tanto, tampoco puede propugnarse la existencia de un principio común por el que toda obligación cambiaria tiene que ser "pura" (31).

Ha de tenerse presente que la validez de la condición en el aval cambiario es independiente de la "especie" de condición de que se trate, siempre que no se altere la posición jurídica esencial del avalista [v. gr.: "aval no solidario, por condicionar la acción contra el avalista a la previa excusión de los bienes del avalado" (32)].

Será válido el aval sujeto a una condición potestativa (que es la categoría más interesante), es decir, aquella en que el cumplimiento depende de la voluntad del acreedor (que es la única válida --pues de acuerdo a lo establecido en el art. 1.115 del Código Civil-- será nula cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor). Ejemplo de condición potestativa reconocida por el Tribunal Supremo, consistente en la obligación de avalar de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, a la misma sociedad, condicionada al libramiento y aceptación de la letra por parte de una sociedad (33). Las condiciones potestativas enumeradas anteriormente no representan ningún peligro o incerteza para los derechos del tenedor, como quiera que el cumplimiento de la condición depende de su exclusiva diligencia. A él corresponde el control y dominio de los supuestos de hecho que constituyen la condición.

Además, no habría inconveniente para estipular una condición causal o mixta. Teniendo en cuenta la naturaleza del evento, como se ha dicho con antelación, la condición será causal cuando su concreción dependa de la suerte o de la voluntad de un tercero, y condición mixta, es aquella que depende en parte de la voluntad del interesado y en parte del azar, o de la voluntad de otro sujeto. Se citan por la doctrina (34) como ejemplos de estas condiciones, las siguientes: a) avalo "si se remiten las mercaderías al comprador", o b) "si el avalado es declarado en quiebra o suspensión de pagos".

Si el legislador hubiera querido prohibir el aval condicional, lo hubiera establecido expresamente como lo hizo con el libramiento, la aceptación o el endoso (35), sin paliativos. Por consiguiente, y sin perjuicio de lo razonado precedentemente, la conclusión es que los sujetos cambiarios podrán contraer obligaciones sujetas a condición en el aval cambiario (36).

En el aval, como se sabe, nada se ha establecido. Pero no se puede pensar que el legislador ha incurrido en un descuido o negligencia dejando una laguna al no regular el aval condicional. Al contrario, el silencio de la ley a propósitdel aval es, como se ha dicho con notable expresividad, "elocuente" (37). Se trata de un silencio positivo. Simplemente, debemos concluir que ante el silencio legislativo rige para el aval, como se ha apuntado con antelación, el principio de la autonomía de la voluntad (art. 1.255 del Código Civil), el cual se refleja en que las obligaciones condicionales son en principio válidas, siempre que no contradigan la ley, la moral o el orden público. La contravención a la Ley sólo se produce cuando ésta sea imperativa o prohibitiva de acuerdo al art. 6.3 del Código Civil. Los límites de la moral y el orden público son categorías jurídicas indeterminadas. Por otra parte, también se puede invocar la aplicación supletoria o analógica del párrafo primero del art. 1.826 del Código Civil (38) (relativo a la fianza) al régimen del aval, que establece lo siguiente: "El fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones", como quiera que la Ley Cambiaria y del Cheque nada establece ni prohíbe el aval condicional, además no contraría la autonomía del aval ni la posición jurídica esencial del avalista. En fin, no se afectaría ningún principio cambiario.

La Ley Cambiaria y del Cheque no exige que el aval sea puro y simple, ni contiene ninguna prohibición de la condición en el aval, ni tampoco sanciona con la invalidez o ineficacia la condición o su incumplimiento (39). Como la Ley no distingue corresponde que se admitan ambos. Cabe, por consiguiente, la aplicación --en la especie-- del aforismo latino que señala ubi lex non distinguet, nec nos distinguere debemus (40). Por lo demás, "en nada perjudicaría y en mucho beneficiaría el buen fin de la letra" (41).

B) Impedimento basado en que el avalista responde de igual manera que el avalado

Se ha argumentado por algunos autores el rechazo del aval condicional a partir de la interpretación del art. 37.I de la Ley Cambiaria y del Cheque. Dicha norma establece que "el avalista responde de igual manera que el avalado". Por otra parte, se aduce que sólo sería admisible el aval parcial, pues está contemplado expresamente. A contrario sensu, lo que no contempla la normativa de manera explícita se interpreta como una prohibición o negativa. Al respecto, cabe afirmar que el silencio legislativo, no comporta por sí, como cuestión de principio, una prohibición. Cuestión distinta es que la existencia de la prohibición haya que deducirla del análisis sistemático del conjunto de las normas aplicables.

En lo relativo a la afirmación legal de la identidad de responsabilidad entre avalista y avalado, debe entenderse referida a la determinación de la posición jurídica que ocupa el avalista en el orden cambiario, y no como un impedimento a la admisibilidad del aval condicional. Por eso el avalista debe indicar a quién avala; pues la propia Ley suple la falta de designación (art. 36. III LCCh.).

El avalista responde, en principio, frente al tenedor cambiario del pago de la letra de cambio (art. 35.I LCCh.) "de igual manera" que el avalado (art. 37.I LCCh.) (42). Así, el avalista del aceptante responde de igual manera que el aceptante, en su tratamiento de obligado directo; si el aval se otorga por un obligado de regreso contrae responsabilidad en vía de regreso. La referida identidad de responsabilidad directa o de regreso, según quién sea el avalado, en definitiva significa que el avalista frente a terceros tiene el mismo grado cambiario que el avalado; pero en las relaciones internas (entre avalista y avalado) es un obligado de grado sucesivo respecto del avalado (43). De ello no se pueden obtener otras mayores consecuencias significativas (44). Otra hermenéutica "dejaría sin sentido esta previsión legal" (45). El régimen jurídico del avalista no es el mismo que el del avalado. Por eso el avalista no puede oponer las excepciones personales del avalado (art. 37.I LCCh.), las cuales son a su respecto de iure tertii, lo que pone en evidencia que si bien el avalista responde "de igual manera" que el avalado, la responsabilidad cambiaria de avalista y avalado no coincide necesariamente "en cuanto que puede existir responsabilidad del avalista (frente a cualquier acreedor cambiario o frente a alguno determinado) sin responsabilidad del avalado (art. 37.I) y, aun coexistiendo ambas responsabilidades cambiarias, puede ser distinta la extensión de la responsabilidad, como sucede en el caso de aval parcial (art. 35.I)" (46).

Tampoco cabe colegir que el avalista no pueda introducir modificaciones respecto a la declaración cambiaria del avalado. La propia Ley Cambiaria y del Cheque permite introducir modificaciones al "texto" de la declaración cambiaria. Así, es posible que el avalista asuma una obligación menos gravosa u onerosa que la del avalado. Se prevé que la garantía del aval pueda otorgarse por una parte de la suma cambiaria (art. 35.I LCCh.). Si bien ambos son responsables cambiariamente, no lo son en la misma extensión. La disposición, además no tiene carácter excepcional. Se trataría de la aplicación de un principio general válido para todas las obligaciones cambiarias "sucesivas". La misma regla rige para la aceptación (art. 30.I LCCh.). La obligación de garantía en el endoso puede excluirse (art. 18.I LCCh.). Por último, el avalista también puede hacer uso de otras cláusulas tales como la cláusula: "sin gastos", "sin protesto" o "cualquier otra declaración equivalente" (art. 56 LCCh.); la cláusula de indicación para la intervención en la aceptación o en el pago (art. 70.I LCCh.), las cuales están expresamente previstas por la Ley.

C) La objeción fundada en el principio de abstracción

Algunas doctrinas califican las obligaciones cambiarias como "abstractas", en el sentido que en su relación circulatoria se prescinde de la causa (47). Se trataría de una prescindencia objetiva de la relación fundamental frente al poseedor del título, tercero de buena fe (arts. 20 y 67.I LCCh.). Naturalmente, la abstracción no significa que no exista una causa (discreta). Lo que sucede es que se prescinde de ella frente al tenedor que sea tercero de buena fe. La causa podría aflorar y alegarse en las relaciones inter partes y frente a terceros de mala fe (48). Sin embargo, la abstracción no explica el fenómeno contrario: el de la oposición inter partes de las excepciones causales e incluso con un tercero vinculado (vide los arts. 20 y 67.I LCCh.).

Como dice PAZ-ARES (49), "el negocio cambiario se revela como un negocio abstracto en el orden funcional (fungibilidad de la causa), pero no son abstractos en el orden material (desvinculación de la causa)". Por eso --y a fin de evitar ambig�edades en los términos-- plantea la conveniencia de renunciar al concepto de abstracción para calificar a este tipo de negocios como "neutrales" o negocios con causa plural o variable. Otro autor plantea que la abstracción no sería admisible en el Derecho español (50).

En nuestro concepto, la mejor construcción jurídica es la que señala que el negocio cambiario da origen a una obligación distinta de la obligación causal, que se constituye, en principio, pro solvendo y no pro soluto (art. 1.170 II y III del Código Civil) y que transforma al deudor cambiario en un obligado doble; pero ambas obligaciones tienen como finalidad satisfacer un mismo interés económico. Se dice que entre ambas obligaciones se da una doble relación: de concurrencia, porque tienden a obtener una misma atribución patrimonial; y de alternancia, porque las relaciones causales y las cambiarias se alternan, es decir, sólo se realizan alternativamente. De otro modo, el deudor pagaría dos veces y el segundo desplazamiento patrimonial quedaría injustificado por falta de causa que lo fundamente (51). La nueva obligación cambiaria distinta de la causal de la que trae causa y con la que concurre se manifiesta inter partes como una obligación causal e inter tertios como una obligación abstracta (52).

Ciertas doctrinas rechazan la admisión del aval condicionado por considerar que se abre la vía del negocio causal subyacente entre avalista y avalado, y por la quiebra de la abstracción cambiaria en beneficio de terceros (53).

Pues bien, si, conforme a la línea de pensamiento más extendida (54), la idea de la abstracción se hace valer para explicar el régimen de las excepciones personales (arts. 20 y 67.I LCCh.), y de ello resultara por sí el carácter ineludiblemente incondicional de las obligaciones cambiarias, entonces no se entiende bien que el legislador se haya visto en la necesidad de prohibir expresamente la condición en el libramiento, en el endoso y en la aceptación, aun cuando, como es sabido, no lo hizo con el aval.

Los autores que invocan los preceptos apuntados, conciben la abstracción como la desvinculación frente a terceros de la relación cambiaria, y lo mismo se entiende que acontece inter partes, para no incurrir en una contradicción lógica (55). En otras palabras, significaría que la obligación cambiaria tendría una esencia única e indivisible, pues la abstracción tendría que operar en todo caso; esto es, tanto inter partes como inter tertios. La denominada abstracción, en definitiva, no serviría para objetar terminantemente el aval condicional. Además, como es sabido, "las normas que prohíben condicionar los negocios cambiarios son normas de forma" (56).

D) La objeción fundada en el principio de literalidad

Se ha dicho que la literalidad, como característica de las obligaciones cambiarias "prohíbe admitir el aval condicional" (57). En virtud del principio de literalidad la existencia, contenido y modalidades del derecho documentado se rigen por el tenor literal de la letra, lo cual se ha afirmado con la conocida frase quod non est in titulo non est in mundo. Por eso, el párrafo cuarto del art. 36 de la Ley Cambiaria y del Cheque establece que el aval otorgado en documento separado de la letra de cambio "no producirá efectos cambiarios". La garantía prestada en documento separado no es aval, sino una fianza (58).

La literalidad beneficia al tenedor cambiario en cuanto no podrá exigir sino aquello que esté expresa y objetivamente señalado en el tenor literal de la letra de cambio. Por otra parte, favorece al deudor, pues impide que se le exija una prestación distinta de la que conste en la letra; en otras palabras, el alcance, contenido y modalidades de la responsabilidad cambiaria del avalista han de ser regulados por lo establecido en el texto de la letra. El tenedor cambiario queda a salvo de excepciones que se puedan fundar en elementos extraños al título. El deudor puede oponer todas las excepciones que deriven del título erga omnes.

Pues bien, si se estableciera una condición suspensiva, el tenedor cambiario además de poder ejercer su crédito en contra de los demás deudores cambiarios que figuren en la letra, eventualmente, podrá contar con una obligación adicional, la del avalista condicional (si se cumple la condición). No debe perderse de vista que el aval da por supuesta la existencia de un título ya creado y sólo asegura su buen fin. Pero la literalidad se ve afectada en cuanto a que el cumplimiento o incumplimiento de la condición debe deducirse del propio título cambiario "sin necesidad de heterointegración" (59). La literalidad plantea el problema de que la declaración cambiaria (y el título) debe bastarse a sí misma, es decir, debe ser autosuficiente.

Si la literalidad es concebida como una construcción dogmática y de hermenéutica destinada a fundamentar la inoponibilidad de ciertas excepciones a favor del tenedor de buena fe (60); su derecho no se vería amenazado por el aval condicional que sólo podría hacerse valer inter partes. En efecto, el contrato de entrega de aval se desarrollará entre avalista y acreedor (61), y para determinar el contenido de lo expresado en el título habrá que atender a la voluntad real y efectiva de lo acordado (exart. 12 LCCh.). Las excepciones personales sólo son oponibles respecto de los que fueron parte del contrato de entrega. En este sentido, la condición siempre podrá ser oponible inter partes (62) en virtud del contrato de entrega de aval (63); mas no inter tertios (64) (arts. 20 y 67.I LCCh.), pues se afectaría la seguridad y la celeridad de la circulación del crédito cambiario incorporado en la letra de cambio. En la esfera jurídico-obligacional se limitaría el ejercicio del derecho del tercer adquirente cambiario (a título oneroso) de buena fe, al tener que indagar en el plano extracambiario si se cumplió o no la condición, lo que, evidentemente, atenta contra el principio de literalidad, pues el título cambiario no contendría ni reflejaría todos los datos necesarios para la exacta y completa configuración de la obligación del avalista. Se trataría de una literalidad "incompleta", pues la vigencia y modalidad del derecho se ha de determinar por elementos ajenos al título cambiario, lo cual no se puede oponer al tercero de buena fe.

III. EL AVAL LIMITADO A PERSONA

La doctrina que comentó el art. 487 del Código de Comercio de 1885 derivó en dos cauces diferentes en cuanto a la hermenéutica de la expresión "aval limitado a persona", contenida en la señalada norma.

Por una parte, un sector doctrinal consideraba que la limitación en cuestión debía entenderse referida a la persona concreta del avalado; esto es, por quien se presta la garantía del aval y cuya obligación queda garantizada (65).

Por otra parte, otros autores defendían la tesis de que el aval limitado a persona se refería a la hipótesis de designación de un concreto beneficiario del mismo; esto es, a favor de un tenedor cambiario que se nominaba, y no la persona del avalado (ésta fue la corriente mayoritaria) (66).

En efecto, MUR SANCHO (67) lo planteaba con meridiana claridad en los siguientes términos: "El beneficiario, por regla general, es el indeterminado portador de la letra, como si dijéramos el título mismo. Pero nuestro Derecho admite que la garantía se limite a persona determinada, esto es, que además del elemento natural de persona determinada por quien se sale garante (avalado), exista el accidental de persona determinada para quien se garantiza (beneficiario)". Con esto se legitimaba activamente a un determinado acreedor. Sólo él podía, en consecuencia, accionar en contra del avalista, con exclusión de los demás potenciales tenedores.

El aval limitado "a persona" autorizaría al avalista a que limite su garantía en provecho de una determinada persona; esto es, a favor de un beneficiario concreto. Por lo general, este aval se otorga a favor del tenedor actual al momento de suscribir la cambial (68). Se trata de una limitación subjetiva de las personas frente a las cuales responde el avalista.

La doctrina cambiaria bajo la vigencia de la actual Ley Cambiaria y del Cheque también se plantea la polémica producida en la normativa anterior, con el añadido de que ahora se ha de agregar el problema de la admisibilidad de esta limitación, ante la ausencia de texto expreso.

En cuanto a la problemática de saber quién es el beneficiario, una corriente doctrinal, que coincide con la doctrina mayoritaria que comentó la normativa anterior, considera que "el beneficiario" es el tenedor cambiario, presente o futuro que se designe en la letra (69). Consiguientemente, admiten la validez del aval limitado "a persona determinada" o nominada, frente a la cual responderá en forma exclusiva el avalista. Todos los demás tenedores no mencionados quedan, por tanto, fuera del ámbito de la garantía del aval.

Otros autores, que admiten esta limitación del aval consideran que el "beneficiario" del aval es el avalado, dado que se ajustaría de mejor manera a la naturaleza abstracta y objetiva del aval, de tal manera que, una vez otorgada, vincularía jurídicamente al avalista con todos los sucesivos tenedores de la cambial. También se invoca al respecto el párrafo tercero del art. 36 de la Ley Cambiaria y del Cheque que establece: "El aval deberá indicar a quién se avala. A falta de esta indicación, se entenderá avalado el aceptante, y en defecto de éste, el librador". Con base en dicha norma --se aduce-- el aval nunca se entendería estampado a favor de todos los firmantes de la letra, pues el precepto excluye el aval genérico o plural en el caso de que el avalista no designe al avalado, al establecer que, a falta de indicación, se entenderá avalado el aceptante y, en defecto de éste, el librador (70).

Pues bien, en cuanto a la admisibilidad del aval limitado a persona, cabe señalar, en suma, que la discusión doctrinal de los autores que comentan la Ley derivó en dos vertientes distintas:

a)Por una parte, los autores que minoritariamente (71)niegan eficacia a la limitación del aval a persona, pues consideran que el aval se otorga en favor de todos los sucesivos y posteriores tenedores legitimados, como se ha señalado antes, lo que se relaciona con la concepción del aval como garantía "objetiva" (72), en cuanto consideran que el avalista garantiza que la "letra" será pagada (73); esto es, el aval se da a favor de ella, por lo cual beneficiaría a los sucesivos tenedores legitimados, o simplemente le niegan valor.

b)Por otra parte, los autores que piensan que es válido el aval otorgado en favor de un concreto acreedor, por lo cual admiten la eficacia de dicha limitación, con las modulaciones indicadas anteriormente (74).

En nuestro concepto, el aval limitado "a persona determinada" ha de entenderse como aquella limitación de responsabilidad cambiaria por la cual el avalista manifiesta su voluntad, en uso de la autonomía privada, de no responder sino frente a un determinado tenedor, a favor del cual se otorga el aval. Existe, por tanto, un elemento natural, la persona del avalado por quien se sale garante, y un elemento accidental, el acreedor beneficiario para quien se sale garante. Por lo demás, la persona del avalado suele estar ya determinada en el nexo cambiario, y, en caso contrario, a falta de esta indicación, se entiende avalado "al aceptante", y, en defecto de éste, "al librador" (art. 36.III LCCh.).

En resumen: normalmente será beneficiario del aval cualquier tenedor frente al que responda formalmente el avalado (ad incertam personam), a menos que la garantía del aval se establezca entre el avalista y un determinado acreedor en virtud del contrato de entrega de aval (aval limitado ad certam personam). La limitación del aval a persona no debiera encontrar mayores impedimentos para su admisibilidad, con base a las siguientes razones:

a)No existe ninguna prohibición expresa o tácita al respecto, de manera que habría que aplicar el principio de la autonomía privada consagrado en el art. 1.255 del Código Civil, pues, además, dicha declaración cambiaria no atenta contra la esencia o naturaleza del aval ni se afecta el Derecho imperativo (como quiera que no se altera el régimen de excepciones ni la denominada solidaridad cambiaria), la moral o el orden público (vide, supra, 2).

b)Por otra parte, la propia Ley Cambiaria y del Cheque admite un caso de limitación a persona determinada, con lo cual se está reconociendo el carácter de garantía personal o subjetiva (75) que ostenta el aval, pues su propósito es proteger a un determinado acreedor, frente al evento del incumplimiento. En efecto, la mal llamada "cláusula de prohibición de nuevos endosos", establecida en el párrafo segundo del art. 18 de la Ley Cambiaria y del Cheque, en el cual se admite que el endosante responda "sólo frente a su endosatario", en caso de que la letra circule (76), exonerándose así de responsabilidad frente a los tenedores posteriores a su endosatario. Por consiguiente, no se podría proceder cambiariamente en su contra para el caso de contravención de la prohibición (pues altera o limita ex lege la responsabilidad del endosante).

c)En definitiva, a fortiori, no habría problema si el avalista avala a un endosante y sólo quiera responder frente al endosatario, excluyendo su responsabilidad frente a los nuevos tenedores que se vayan incorporando a la letra, lo que prueba que esa cláusula es plenamente válida y admisible en el aval. Por lo demás, no se afecta el contenido básico de la cambial, al añadirse una nueva obligación que opera sólo respecto de un determinado acreedor, quedando invariable la obligación cambiaria del obligado principal como lo es la del aceptante o, en su caso, la del librador (el cual responde del pago de la letra, en vía de regreso, si el librado no acepta --y también si acepta--). En ambos casos, tanto en el endoso como en el aval se agrega una "garantía" a las obligaciones cambiarias ya constituidas.

Como puede apreciarse, se observan los mismos efectos jurídicos: no responder frente a nuevos poseedores de la cambial, aunque por dos cauces distintos, ya sea que se utilice el expediente de la cláusula de "prohibición de nuevos endosos" o del aval limitado a un "acreedor cambiario determinado", como en el ejemplo propuesto. Así como en el endoso, en el aval también se puede limitar su responsabilidad cambiaria a favor de un determinado acreedor. Por lo demás, las restantes relaciones cambiarias permanecen inmutables, dado que la declaración cambiaria de aval no tiene incidencia en la eficacia de las mismas, y además, no existen los mismos intereses y fines a los cuales la Ley pretende proteger.

IV. EL AVAL LIMITADO A TÉRMINO

La Ley Cambiaria y del Cheque no establece si el avalista puede limitar en el tiempo la obligación que contrae; no obstante, el art. 487 del Código de Comercio contemplaba expresamente esta limitación (77). Así pues, se afirmaba que "la obligación del avalista, tiene la misma duración que la del avalado" (78). El aval sin restricciones garantizaba el pago de la letra al vencimiento de la misma. Pero lo normal "era que el avalista limitara su garantía a otro espacio de tiempo determinado, que no coincida con el término del vencimiento" (79).

En línea de principio, la obligación del avalista ha de tener la misma duración que la obligación del avalado y, en consecuencia, ambos responderán del pago de la letra de cambio en el mismo lapso de tiempo o período temporal frente al tenedor. El problema que plantea esta limitación consiste en saber si el avalista puede o no limitar su responsabilidad restringiendo dicho lapso temporal, mediante un "término" que se incrusta en la relación obligatoria con eficacia cambiaria.

El aval limitado a "un tiempo determinado" no es, desde el punto de vista técnico-jurídico, sino una obligación sometida a término (80). El término es el momento en el que comienza o termina la eficacia o efectos del negocio jurídico y por el cual se somete a un acontecimiento futuro, pero cierto, el ejercicio o extinción de un derecho de crédito, como se establece en el párrafo primero del art. 1.125 del Código Civil, y puede ser "inicial" (dies a quo), cuando se indica el comienzo de la relación obligatoria del aval, v. gr.: se contrae un aval que entrará en vigor el 1 de enero; o "final" (dies ad quem), cuando se produce la extinción del mismo, v. gr.: avalo hasta el 31 de diciembre. En suma: la fijación del término puede realizarse señalando una fecha determinada, en que comienza la eficacia o efectos jurídicos del aval (término inicial o suspensivo), o cuando termina su eficacia (término final o resolutorio). El término puede establecerse señalando una fecha, o teniendo en consideración un hecho de referencia, que si bien no se sabe cuándo acaecerá, sin embargo, es segura su realización (81).

La limitación del aval a término no es infrecuente en la práctica española; es más, constituye una práctica muy difundida en el tráfico bancario (82). Así, se encuentra, por ejemplo, la posibilidad de que el avalista limite su responsabilidad hasta un determinado plazo "a partir del vencimiento (o de la fecha del protesto o declaración equivalente), recortando en su exclusivo beneficio el plazo de prescripción de las acciones cambiarias" (83), con lo cual se evitará la incertidumbre de la espera de un período muy prolongado, o, que el avalista responda del pago a partir de una determinada fecha (por ejemplo, aval válido a partir del 5 de diciembre de 2003).

Como se sabe, no existe prohibición expresa del aval a término y, por ende, la limitación a término ha de considerarse válida y eficaz, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad (art. 1.255 del Código Civil). El avalista puede responder de forma diferente a la responsabilidad contraída por el avalado (vide, supra, 3.2.). En consecuencia, resulta insuficiente ampararse en art. 37.I LCCh. para no admitir dicha limitación temporal (84), pues la posibilidad de fijar un término en el aval no parece afectar la posición jurídica del avalista. Por otra parte, no se afecta el derecho imperativo toda vez que no se alteraría el régimen de excepciones, ni la responsabilidad solidaria del avalista.

Atendido a que no existe una prohibición expresa del aval a término, corresponde estudiar si existe un principio general que prohíba las declaraciones cartáceas a término.

Desde luego, la obligación del librador debe someterse ex lege a un término, toda vez que el vencimiento, como época fijada por el librador para el pago de la letra, es un requisito formal natural de su existencia, porque su omisión quedará siempre suplida: "se considerará pagadera a la vista", conforme a la letra a) del art. 2 de la LCCh.(85).

¿Puede ser modificado el vencimiento por los otros sujetos cambiarios? En relación con la aceptación el librado puede aceptar: parcialmente (art. 30.I LCCh.), o a condición, en cuyo caso sería nula; pero "cualquier otra modificación" que no sea constitutiva de una condición introducida en la aceptación, equivaldría a "una negativa de aceptación". Sin embargo, la norma señala que el aceptante "quedará obligado en los términos de su aceptación" (vide el art. 30.II LCCh.). A mi parecer, aquí se abre la puerta para la inserción de la cláusula modificativa de la "aceptación sujeta a término", pues, a pesar de que se interprete como una negativa a la aceptación, el librado quedará obligado en los términos de su aceptación; en otras palabras, su aceptación será válida en los términos en que la haya otorgado (86). Así, el tenedor podría ejercer sus derechos antes del vencimiento originario si el librado hubiere aceptado la letra a una fecha anterior a la del vencimiento establecida en el título (87). El párrafo primero del art. 15 de la Ley Cambiaria y del Cheque establece que el endoso ha de ser "total" y "puro y simple", y que toda condición a la que se subordine se tiene por no escrita (88): obsérvese que no se hace ninguna referencia a otras limitaciones o modificaciones.

Una interpretación restrictiva considera que el endosante no puede servirse de más limitaciones o condicionamientos que aquellos que estén expresamente autorizados por la Ley (89).

No sería aplicable lo dispuesto en el párrafo primero del art. 15 de la Ley Cambiaria y del Cheque. En el aval, cualesquiera modificación o alteración que se realice jamás afectará a la circulación del título, ni a la legitimación cambiaria, como quiera que el avalista no tiene que formar parte de la cadena no interrumpida de endosos, por lo cual no es dable aplicar por analogía la norma citada, ya que falta la identidad de razón (eadem ratio)(90). Además, el párrafo primero del art. 18 de la Ley Cambiaria y del Cheque permite al endosante exonerarse de su responsabilidad en vía de regreso, ya sea por falta de aceptación o de pago, o por ambas. Por otra parte, si el endosante puede lo más, eximirse de toda responsabilidad en vía de regreso, a fortiori ha de poder lo menos; esto es, someter a término su obligación de regreso, fijando los plazos que considere convenientes. Por lo demás, en el endoso únicamente se prohíbe la condición a la que aparezca subordinado, la que se considerará no escrita (art. 15.I LCCh.), pero no se hace ninguna alusión explícita a los efectos de la potencial suscripción de otras limitaciones. Con todo, existen autores que consideran que la ausencia de prohibición expresa de las limitaciones temporales del aval no es suficiente argumento para admitir este tipo de cláusula (91).

Discrepamos de dichas autorizadas opiniones a la luz de lo expuesto precedentemente (92), y sin perjuicio de considerar la admisibilidad inter partes de la limitación a término suscrita sobre la letra de cambio, sin necesidad de acudir a circunstancias extracartulares, como puede acontecer con la condición, y por ello, la certeza es mayor, lo cual ha permitido que autores que rechazan el aval condicional acepten el aval a término (93). De este modo el avalista podrá abreviar los plazos de prescripción que la Ley establece (94).

En definitiva, a la vista de lo razonado con antelación, parece evidente la conclusión de que no existe un principio cambiario que prohíba las declaraciones cartulares sometidas a término, por lo cual deben reputarse válidas. La obligación del librador puede someterse a término. La obligación del endosante, como hemos tenido ocasión de ver, en que se protege la seguridad de la circulación en forma más intensa que lo acontece en el aval, puede someterse válidamente a término. Tampoco habría problemas con el librado, que es la persona llamada a pagar la letra (exart. 28.I LCCh.). La única excepción se plantea con el aceptante, principal obligado cambiario al pago de la letra, que responde ante todos y ante él nadie responde, pues "se obliga a pagar la letra de cambio a su vencimiento" (art. 33 LCCh.). Si bien se prohíbe que se someta a término su obligación cambiaria, debido al peligro de ver amagados los derechos de regreso anticipado del tenedor; no obstante, puede quedar "obligado con arreglo a los términos de su aceptación" (art. 30.II LCCh.).

No existe prohibición expresa del aval a término, ni se colige de la Ley un principio que prohíba dichas declaraciones cambiarias sometidas a término. Por tanto, ha de tener plena aplicación el principio de la autonomía de la voluntad (art. 1.255 del Código Civil) en esta cuestión, conforme al cual los sujetos cambiarios pueden obligarse como lo consideren más conveniente; concretamente, estableciendo con plena eficacia la obligación sometida a un suceso futuro pero cierto, de forma tal que el aval produzca sus efectos desde que el suceso se produzca (dies a quo), o que los efectos se produzcan hasta que el suceso se cumpla (dies ad quem). Además, el silencio de la Ley sobre la materia no puede interpretarse como un rechazo al aval limitado a término. Por el contrario, debe interpretarse que cabe aplicar la norma general de la autonomía de la voluntad, con los límites propios del Derecho imperativo y el respeto a la esencia de la configuración del aval.

La mayoría de la doctrina española acepta esta limitación (95), basados en que la Ley Cambiaria y del Cheque no lo prohíbe, a diferencia de otras declaraciones cartulares, y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Otros autores, sin embargo, la rechazan (96).

(1) El denominado aval parcial en la Ley Cambiaria y del Cheque constituye una figura jurídica típica que guarda la debida correspondencia y armonía con el contexto de la Ley. Así, por ejemplo, en relación con la aceptación parcial, que supone el compromiso del librado de pagar tan sólo una parte de la letra (art. 30.I LCCh.), o la admisión ex lege del pago parcial (art. 45.III LCCh.), el cual no puede ser rechazado por el tenedor, a diferencia de lo que establece el párrafo primero del art. 1169 del Código Civil que no admite el pago parcial, salvo pacto en contrario. Por lo demás, con ello se favorece la posición jurídica de los obligados en vía de regreso, pues su responsabilidad se verá atenuada al tener que pagar sólo la parte insoluta y con menos intereses, si se hubiesen pactado, o la reducción en su caso de los intereses legales.

La garantía del avalista, en suma, tiene como límite la responsabilidad del avalado. Por eso, en caso de que el aval fuere dado por una cantidad mayor a la expresada en la letra, el aval sólo tendrá valor hasta el importe del título, por tratarse de una garantía formalmente accesoria de la obligación de la persona avalada. Esta opinión se fundamenta, como se apuntó precedentemente, en el art. 37.I LCCh. y en la aplicación supletoria o analógica de lo establecido en el párrafo segundo del art. 1826 del Código Civil, que establece: "si el fiador se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor". El exceso no genera responsabilidad cambiaria ni extracambiaria para el avalista.

Se pueden plantear algunos problemas de interpretación de la cláusula de aval parcial. Si bien es cierto que el art. 35.I LCCh. establece que el avalista puede responder por una parte del importe de la letra (v. gr.: aval por 5.000 euros suscrito en una letra librada por 10.000 euros). Sin embargo, la figura del aval parcial no comprende únicamente la hipótesis en cuya virtud el avalista se obliga a responder tan sólo por una parte de la suma cambiaria. En efecto, mediante el aval cuantitativamente limitado el avalista puede obligarse a través de la determinación de un porcentaje del importe total de la letra (v. gr.: 20% o 30%, etc.), o sólo a una determinada proporción de la misma (v. gr.: aval por un tercio del importe de la letra, aval por un quinto del valor de la cambial, etc.). También puede consistir en un aval que sólo comprenda el capital con exclusión de los intereses que se devenguen, en las letras que contengan cláusula de intereses (las letras a la vista o a un plazo desde la vista, según lo dispuesto en el párrafo primero del art. 6 de la Ley Cambiaria y del Cheque) o cuando se reduzca su tipo. Por último, cuando se exima de los gastos que ocasione el impago de la letra. En definitiva, el aval parcial o limitado a una suma determinada ha de ser cualquier valor que resulte inferior al importe total de la letra que, en su caso, le incumbiría pagar.

Como se apuntó con precedencia, el aval parcial no está exento de presentar algunos problemas en relación con la titularidad de los derechos cambiarios que se pueden ejercer. Crea el regreso parcial simultáneo por dos cauces diferentes: el del tenedor y el del avalista solvens. Así, por ejemplo, el avalista que ha limitado su aval a una parte del importe de la letra y cumple su obligación no puede exigir la entrega de la letra (ex art. 60.I LCCh.). Sólo tiene derecho a que se haga constar en la letra el pago y que se le dé el correspondiente recibo (art. 45.III LCCh.). Esta situación plantea un claro conflicto de intereses, pues el avalista no tendrá la posesión material del título, con lo cual no estaría legitimado para ejercer su acción de regreso en virtud del pago realizado. Quedarían, pues, dos regresos parciales pendientes: el del avalista y el del tenedor por el saldo no pagado. La reproducción de avales parciales añadiría más variables a lo dicho. La solución a este interrogante parece estar dada ex art. 61 de la Ley Cambiaria y del Cheque, que contempla un supuesto de hecho similar, atinente a la acción de regreso anticipado en caso de aceptación parcial.

En el caso de que el avalista haya garantizado la totalidad del importe de la letra (aval total o general), el avalista satisfará el total, en cuyo caso tiene derecho a la entrega de la letra con el protesto, si se hubiera levantado, y la cuenta de resaca con el recibí (art. 60.I LCCh.). El avalista que pagare --totalmente-- la letra de cambio, adquiere los derechos derivados de ella contra la persona avalada y contra los demás obligados cambiarios que precedan a éste (arts. 37.II, 57.III, y 59 LCCh.). Los derechos que recibe y ejerce el avalista no son los del anterior tenedor, sino los derivados de la letra de cambio, a diferencia de lo que acontece con la fianza, en la que el fiador se subroga por el pago en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor (art. 1839.I del Código Civil). El avalista, en cambio, adquiere ope legis y de modo originario un derecho aut�nomo, pues no puede oponer las excepciones personales del avalado (art. 37.I LCCh.), y porque su obligaci�n es válida aunque la obligaci�n garantizada fuese nula por cualquier causa que no sea vicio de forma (art. 37.I LCCh.).

En la hipótesis de aval parcial, el avalista pagará aquella parte del importe de la cambial cuyo pago hubiera garantizado (art. 35.I LCCh.), en cuyo caso, el avalista solvens no podrá exigir la entrega de la letra (ex art. 60.I LCCh.). Con todo, tiene derecho a que el pago parcial se haga constar en la letra y que se le dé el correspondiente recibí (art. 45.III LCCh.). Además, por aplicación analógica del art. 61 de la Ley Cambiaria y del Cheque, el avalista tendría derecho a que se le entregue una copia autenticada de la letra, así como del acta del protesto, si se hubiera levantado, a fin de que pueda ejercer a su vez la acción de regreso. Para el caso de que el tenedor hubiere sido satisfecho por el saldo no garantizado con anterioridad al pago efectuado por el avalista, el avalista solvens tendrá derecho a la entrega de la letra.

En caso de concurrir las acciones --del tenedor y del avalista-- en contra de un mismo obligado cambiario, ha de darse preferencia al acreedor cambiario para el cobro del importe no cubierto de la suma cartácea (ex art. 1.213 del Código Civil).

Pero no es ésta la única problemática que se presenta en relación con los avales parciales. En efecto, se ha planteado el tema de si el avalista puede limitar su garantía parcialmente en favor de un obligado cambiario ya obligado en forma limitada a una cuantía determinada. La cuestión ha de resolverse positivamente, pues la facultad conferida al avalista de limitar su garantía a una parte del importe de la letra (art. 35.I LCCh.), posee una amplia aplicación.

Así pues, el avalista podría avalar a un aceptante que haya prestado una aceptación parcial. Si el aval excediera el montante de la obligación del avalado (aunque sea menor o igual al del importe de la letra), el aval será parcialmente válido: no sólo por la aplicación supletoria o analógica de la fianza, como se apuntó con antelación, sino también en virtud de que el aval, como se dijo antes, es una garantía accesoria en el plano formal; esto es, se apoya en la obligación cambiaria del avalado (arts. 36.III y 37.I LCCh.).

El avalista también puede obligarse parcialmente respecto de otro avalista que también se hubiera obligado parcialmente en vía de regreso. El subavalista no puede, claro está, asumir una obligación superior cuantitativamente a la que corresponda al avalista avalado, como quiera que la obligación del subavalista se da en función de la responsabilidad contraída por el avalista avalado. En suma: un aval prestado por una aceptación parcial es un aval parcial y si el avalado acepta o avala parcialmente, esa limitación se aplica al avalista de esos obligados. También cabría la posibilidad de que el avalista se obligue a una suma menor que la contraída por el aceptante parcial (v. gr.: si el importe de la letra es de cien euros, la aceptación es sólo por 50 euros, y el avalista limita su aval a 30 euros). En conclusión: tampoco habría problemas para que el avalista parcial avalara una obligación limitada también cuantitativamente.

El avalista, por otra parte, podría avalar a un endosante que a su vez haya limitado su responsabilidad cambiaria en vía de regreso, tan sólo al pago de una parte de la suma cambiaria, pues no se estaría en presencia de un "endoso parcial", que la Ley establece que es nulo (art. 15.II LCCh.). Además la responsabilidad de regreso que contrae del endosante es un efecto de garantía natural del endoso, en cuanto, con una cláusula expresa, puede exonerarse de toda responsabilidad, sea de la aceptación, sea del pago de la cambial (art. 18.I LCCh.). La cláusula, por lo demás, sólo beneficiará al que la pone, pero no a los anteriores o posteriores sujetos cambiarios. De este modo, si el endosante limita su responsabilidad cambiaria a una parte de la suma cambiaria, el avalista respondería, igualmente, por la cantidad a que se obligó el avalado.

El único supuesto que no podría darse es el de la limitación cuantitativa de la obligación del librador, el cual no puede limitar su responsabilidad en el pago --total-- de la letra; por mejor decir, no puede responder parcialmente del pago de la letra (art. 11.I LCCh.). Puede exonerarse de la garantía de la aceptación (art. 11 LCCh.); pero no puede eximirse, ni total, ni parcialmente, de la responsabilidad del pago de la letra.

Consecuentemente, en el contexto de la Ley Cambiaria y del Cheque, nada se opondría a que, con la salvedad del librador, otros sujetos cambiarios limiten a una suma cambiaria determinada su responsabilidad cartácea. A fortiori, se reconoce igual facultad al avalista. En definitiva, la figura del aval parcial no altera el sistema adoptado por la Ley, ni se trata de una figura excepcional, como se apuntó con antelación.