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**Ejecución en España de Laudos arbitrales extranjeros (La aplicación del Convenio de Nueva York)(*)**

Felix López Antón

Abogado

Diario La Ley, 1985, pág. 1190, tomo 2

I.- INTRODUCCIÓN

La ejecución de laudos arbitrales extranjeros en España se halla sometida a la regulación establecida por los distintos Tratados suscritos o ratificados sobre esta materia. Aunque España, al igual que otros muchos países, tiene suscritos Tratados bilaterales al efecto (1), la experiencia ha demostrado que el enfoque multilateral es el idóneo para garantizar la efectividad de los laudos arbitrales en el ámbito de las relaciones jurídicas internacionales (2). Esta consideración se ha materializado en diversos Convenios de distinto ámbito de aplicación territorial, de los que España ha ratificado dos: el Convenio sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 158 (3), y el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 (4).

El presente trabajo va a centrarse en el primero, más comúnmente conocido como el Convenio de Nueva York (5), verdadera piedra angular hoy día del arbitraje comercial internacional en lo que se refiere a la ejecución de los laudos, aunque sólo sea por su amplio ámbito de aplicación a la vista del número de países que forman parte del mismo (6). Consta el Convenio de 16 artículos (7), y España es parte del mismo por virtud de su adhesión el 29 de abril de 1977, con efectos a partir del 10 de agosto de ese año (8), fecha en la que, por virtud de las previsiones de Derecho español, el Convenio quedó integrado en el sistema normativo interno (9). Hay que resaltar que España no ha efectuado ninguna de las dos reservas previstas en el artículo 1.3 del Convenio (las llamadas reserva de reciprocidad y reserva comercial), por lo que el Convenio se aplica a la ejecución de laudos dictados en cualquier país, aunque éste no sea parte del Convenio, y que se refieran a relaciones jurídicas de cualquier naturaleza, y no sólo de carácter comercial (10).

Por su propia naturaleza, el núcleo central del Convenio lo constituyen las previsiones relativas a la ejecución propiamente dicha del laudo arbitral extranjero. Aquéllas se hallan contenidas en los artículos IV, V y VI del Convenio, a cuyo estudio se procederá a continuación (11).

II.- REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

Los requisitos para solicitar la ejecución del laudo arbitral se establecen en el artículo IV del Convenio, según el cual:

1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda:

a) El original debidamente autentificado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.

b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular.

Este precepto establece la documentación que debe presentar la parte que solicite la ejecución del laudo arbitral junto a la demanda cuyo petitum tendrá por objeto tal ejecución, y su virtualidad radica precisamente en que la presentación de esa documentación es todo requisito que ha de cumplir la parte que ha obtenido un laudo favorable a fin de solicitar su ejecución.

Ello constituye una diferencia esencial respecto a la configuración que de la ejecución de laudos arbitrales preveía el Convenio de Ginebra de 1927, donde la carga de la prueba de la existencia de cualquiera de las causas de denegación de la ejecución que en el mismo se establecían correspondía a la parte que pretendía la ejecución del laudo (12), lo que ha sido citado como una de las causas por la que, a pesar de la existencia del referido Convenio, no se produjo un desarrollo considerable en la ejecución de laudos arbitrales en el ámbito internacional (13).

Conforme al número 1 del artículo IV, la parte que solicite la ejecución deberá presentar originales o copias del laudo arbitral y del acuerdo arbitral, pero en cualquier caso (ya se trate de original o copia) tales documentos deben presentarse debidamente autenticados (14). Esta exigencia es conforme con lo previsto en el núm. 4 del artículo 600 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a los requisitos que deben cumplir los documentos otorgados en otras naciones para tener el mismo valor en juicio que los otorgados en España (15), y en la práctica se reconduce a la legalización del documento (en este caso, documentos, por referirse tanto al acuerdo arbitral como al laudo arbitral), que se ha definido como una certificación en cadena de la autenticidad de firmas, calidad de los signatarios y, en su caso, identidad de los sellos o timbres que ostente el documento (16).

En cuanto al procedimiento de autenticación, la regla general será que ésta se lleve a cabo por el método de la apostilla, con arreglo a las previsiones del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 (17), sobre supresión de la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros. Este procedimiento requiere que al documento público de que se trate (18), otorgado en el extranjero, se le fije una apostilla (referida en los artículos 3 y 4 del Convenio) en el Estado en que se haya otorgado, por la autoridad competente para ello conforme a la legislación interna de éste. Este procedimiento sería perfectamente aplicable, por ejemplo, en caso de que el laudo arbitral se incorporara a un acta notarial que fuera posteriormente apostillada.

Si el país en que se dicte el laudo no forma parte del Convenio de La Haya, la autenticación del documento, a efectos del Derecho español, deberá ser efectuada por un cónsul español en ese país, cuya firma habrá de ser legalizada, a su vez, por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

En el procedimiento de ejecución a que se refería el Auto del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1982 fue este último el sistema seguido para la autenticación, reconociendo el Tribunal Supremo que la aportación del laudo arbitral legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores cumplía lo previsto en el artículo IV.1 del Convenio. El sistema de la apostilla fue utilizado y el Tribunal Supremo reconoció expresamente su suficiencia a los efectos del referido precepto del Convenio, en el Auto de 10 de febrero de 1984.

Es importante destacar que el artículo IV.1 no señala la legislación con arreglo a la cual debe procederse a la legislación o autenticación del laudo o de la copia de éste (19). Parece que a este respecto ha de concluirse que tal legalización o autenticación ha de observar los requisitos necesarios con arreglo a la legislación del país donde se pretende la ejecución del laudo (20).

En cuanto al aspecto temporal, parece que, según el artículo IV.1, la documentación en él referida ha de presentarse necesariamente junto con la demanda en que se solicite la ejecución del laudo, si bien a este respecto se han formulado distintas interpretaciones (21).

La presentación de la documentación exigida por el artículo IV .1 hay que entender que constituye un requisito esencial para la ejecución del laudo arbitral (22).

En relación con la necesidad de acompañar traducción del acuerdo arbitral y del laudo, establecida en el núm. 2 del artículo IV, cabe señalar que es conforme con lo previsto en el párr. 1 del artículo 601 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (23). Sin embargo, en el derecho interno español la regla general es la suficiencia de la traducción privada (24), mientras que el referido precepto del Convenio establece las cualidades que ha de reunir la persona que certifica o autoriza la traducción (25).

Nada se señala en el Convenio respecto a si el traductor ha de ser del país en que se dicta el laudo o de aquel en que se pretende su ejecución, aunque por motivos de precaución y por consideraciones formales parece aconsejable que el traductor (o bien el agente diplomático o consular) sea del país en que se pretende ejecutar el laudo (26).

En lo que respecta a la posición adoptada por el Tribunal Supremo español en esta materia, el Auto de 14 de enero de 1983 admitió la validez, a efectos de aplicación del Convenio, de la traducción efectuada por un traductor oficial e intérprete jurado, desestimando la alegación presentada en el sentido de que la traducción debería haber sido realizada por la Oficina de Interpretación de Lenguas (27).

Por último, insistir en que la aportación por la parte que pretende la ejecución del laudo de la documentación referida en el artículo IV del Convenio es el único requisito que aquélla ha de cumplir para solicitar tal ejecución (28).

III.- CAUSAS DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

Las causas que con arreglo al Convenio de Nueva York pueden alegarse para oponerse a la ejecución del laudo se establecen en el artículo V.1 del mismo (29), según el cual:

1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad, en virtud de la Ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la Ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la Ley del país en que haya sido dictada la sentencia; o

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios; o

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras.

d) Que la constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la Ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya Ley, ha sido dictada esa sentencia.

Por lo tanto, su análisis ha de consistir fundamentalmente en el examen de las citadas causas de oposición a la ejecución, si bien con carácter previo parece oportuno formular una serie de consideraciones generales que se desprenden de la propia estructura de la norma.

En primer lugar, el artículo V.1 establece con carácter limitativo (30) las causas intrínsecas al procedimiento arbitral que la parte frente a la que se solicita la ejecución del laudo puede invocar para oponerse a ésta (en contraposición a los requisitos que, conforme al artículo IV, ha de cumplir la parte que pretende la ejecución, que tienen un carácter puramente formal o extrínseco al arbitraje en cuanto tal) (31). El carácter tasado de las causas de oposición a la ejecución es reconocido con absoluta unanimidad en Derecho comparado (32).

En segundo lugar, el artículo V.1 viene a establecer una prohibición tácita dirigida al Tribunal del que se solicita la ejecución, al objeto de impedir que éste proceda a revisar de oficio la existencia o inexistencia de alguna de tales causas. En efecto, claramente establece el precepto que la denegación de la ejecución sobre esa base se podrá efectuar únicamente a instancia de la parte contra la cual es invocada (33). Y también se establece expresamente que no sólo la alegación de la causa de oposición corresponde a la parte frente a la que se solicita la ejecución, sino que ésta será también quien haya de correr con la carga de la prueba de que la causa de oposición alegada efectivamente concurre en el caso de que se trate (34).

Dos consideraciones más de carácter general a este respecto. En primer lugar, que a tenor del artículo V.1, no es claro si el Tribunal ante el que se sustancia la ejecución del laudo debe rechazar tal pretensión obligatoriamente en caso de que se pruebe la existencia de una de las causas de oposición especificadas en el Convenio, o si tal decisión queda, en cualquier caso, a su discreción (35). Y en segundo término, que el artículo V.1, a sensu contrario, permite afirmar rotundamente que el Tribunal que conoce de la ejecución del laudo no podrá entrar a examinar del fondo de éste, sin que pueda, por tanto, denegar la ejecución en base a una circunstancia relativa al fondo del laudo (36).

Por último, al artículo V.1 hace referencia a la autoridad competente en relación con la ejecución del laudo. La determinación de tal autoridad se deja, pues, a las normas de derecho interno de cada país. En lo que respecta al Derecho español, el procedimiento seguido para la ejecución del laudo, a falta de normativa específica, es el del exequatur (37), concebido en principio para la ejecución de sentencias extranjeras (38), conforme al cual la autoridad competente a que hace referencia el Convenio es la Sala 1 del Tribunal Supremo (39), sin perjuicio de que la ejecución del laudo, en caso de que se conceda el exequatur, corresponda al Juez de Primera Instancia del lugar en que aquél haya de ejecutarse.

Procede entrar ya ahora en el examen de cada una de las causas de oposición del artículo V.1.

La primera causa de oposición establecida en el epígrafe (a) del artículo V.1 se refiere a la capacidad de las partes del acuerdo arbitral y a la validez de éste (40).

La capacidad de las partes para otorgar el acuerdo arbitral ha de ser determinada por el Tribunal ante el que se solicita la ejecución con arreglo a las normas de conflicto del foro. Como regla general, la ley aplicable a efectos de determinación de la capacidad de las partes será la ley nacional de cada una de ellas (41).

Esta cuestión no ha planteado problemas en la práctica, ya que normalmente el aspecto de la capacidad para someter la controversia a arbitraje habrá sido contemplada y apreciada por el órgano arbitral que dictó el laudo cuya ejecución se pretende (42).

Mayores dificultades puede plantear la validez del acuerdo arbitral que ha dado lugar al laudo cuya ejecución se solicita.

A este respecto, la referencia que el artículo V.1 (a) contiene en relación con el artículo II del propio Convenio se ha interpretado en el sentido de que el carácter escrito del acuerdo arbitral exigido en éste se considera como requisito (cuya existencia, sin embargo, ha de ser alegada y probada en todo caso, conforme a lo antes expuesto, por la parte que se opone a la ejecución) para proceder a la ejecución del laudo (43).

El artículo V.1 (a) establece expresamente la ley con arreglo a la cual ha de considerarse la validez del acuerdo arbitral, que será aquella a la que las partes hayan sometido éste y, en su defecto, con carácter supletorio, la del país en el que se haya dictado el laudo arbitral. En íntima conexión con lo inmediatamente anterior, hay que entender que tales normas de conflicto no son de aplicación en lo relativo a la forma del acuerdo arbitral (44).

Gran importancia tiene, como causa de oposición a la ejecución del laudo, al menos por la experiencia que hasta ahora ha habido en cuanto a la aplicación del Convenio de Nueva York por el Tribunal Supremo español, la referida en el epígrafe (b) del artículo V.1. Este consagra el derecho de las partes del arbitraje a que éste se lleve a cabo con arreglo a las normas procedimentales necesarias para que no se produzca indefensión de una de ellas (45).

Como cuestión previa hay que señalar que las reglas procedimentales relevantes que han de tenerse en cuenta, a pesar del silencio que el Convenio guarda al respecto, parece que habrán de ser las propias de la jurisdicción ante la que se pretende la ejecución del laudo (46). Esta circunstancia, unida al hecho del carácter de normas de orden público que como regla general se atribuye a las de carácter procesal, ocasiona un paralelismo entre la causa de oposición referida en el epígrafe (b) del artículo V.1 del Convenio y la causa de denegación (que, como se señalará más adelante, es apreciable de oficio por el Tribunal) establecida en el epígrafe (b) del artículo V.2 en relación con el orden público del país en que se pretende la ejecución del laudo (47), de modo que si la parte frente a la que se pretende la ejecución no alega dicha causa de oposición, podrá el propio Tribunal, siempre que concurran las circunstancias necesarias para fundamentar tal decisión, denegar la ejecución del laudo en base al artículo V.2 (b).

El principio general que subyace en el epígrafe (b) del artículo V.1 es que las partes deben tener la oportunidad de hacer valer sus medios de defensa en el curso del procedimiento, citando expresamente dos causas o circunstancias que pueden resultar en indefensión, como serían que la parte afectada no hubiera sido debidamente notificada de la designación del árbitro o que no se le ha notificado el procedimiento de arbitraje (48). En cuanto al modo o forma de la notificación, el Convenio se limita a emplear la expresión debidamente, lo que puede, dar lugar a dudas de interpretación. La posición mayoritaria a este respecto es que el procedimiento de comunicaciones y notificaciones previsto entre las partes en lo relativo al procedimiento arbitral, ya sea expresamente o por remisión a las Reglas de Arbitraje a que las partes se hayan sometido, debe ser el criterio a tener en cuenta para apreciar el cumplimiento de las obligaciones de notificación (49); si nada se hubiera establecido entre las partes, ni la normativa reguladora del arbitraje contuviera previsión alguna al respecto, habría que recurrir al examen de la idoneidad del procedimiento de notificación utilizado por las partes en el caso concreto (50).

El alcance de la infracción de lo previsto en el artículo V.1 (b) del Convenio se ha analizado en diversos Autos del Tribunal Supremo español relativos a la ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Y tal análisis se ha efectuado básicamente en relación con la oposición a la ejecución alegada en base a que el laudo arbitral fue dictado en rebeldía (51).

En el Auto de 11 de febrero de 1981 (52), el Tribunal claramente manifestó que tal circunstancia no tenía incidencia alguna, por cuanto la sociedad española había recibido todas las notificaciones necesarias para hacer valer sus medios de defensa (53), incurriendo consciente y deliberadamente en una rebeldía que trasluce su voluntad incumplidora (54). En definitiva se viene a distinguir entre dos conceptos que no necesariamente están siempre vinculados entre sí: la rebeldía y la indefensión; aquélla no tiene trascendencia alguna a los efectos del Convenio, mientras que ésta se halla expresamente referida en el artículo V.1 (b) como causa de oposición a la ejecución (55).

A la misma conclusión se llega en el Auto del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1981 (56), desestimando la alegación de indefensión por cuanto la parte que la alegaba había sido notificada del comienzo del arbitraje e instada a que designara su árbitro (57), señalando además el Tribunal, en relación con la efectividad de los convenios internacionales que sobre la materia tiene ratificados España, que en caso de que se estimara aplicable a este respecto el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil quedarían aquellos convenios convertidos en letra muerta, ya que bastaría al comerciante español no cooperar en la designación de los árbitros para evitar la futura ejecución de la sentencia....

Hito radicalmente contrario lo constituye el Auto del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1982 (58), donde se niega precisamente la ejecución del laudo arbitral en base al artículo V.1 (b) del Convenio. Si bien la denegación de la ejecución podría considerarse justificada (aunque no es una cuestión clara, quedando la decisión al arbitrio del Tribunal en la apreciación de las circunstancias concurrentes) por haberse producido indefensión (59), los considerandos del Auto revelan una defectuosa interpretación del Convenio de Nueva York tanto por parte del Ministerio Fiscal como del propio Tribunal Supremo (interpretación defectuosa que, además de ser opuesta a las sentencias de Tribunales de Derecho comparado sobre esta misma cuestión y a la doctrina tanto nacional como extranjera sobre el tema, es contraria a los criterios interpretativos sentados por el Tribunal Supremo en los dos Autos anteriormente citados).

En efecto, el Tribunal Supremo razona la indefensión, además de en base al escaso tiempo concedido a la parte para preparar su defensa, en virtud de la falta de notificación fehaciente a la entidad española para que procediera a la designación de árbitro. El término fehaciente utilizado en los considerandos del Auto que se analiza ha de ser entendido en sentido estricto, por cuanto que en el laudo arbitral se indica que sí hubo tal requerimiento o notificación (por télex y carta), pero el Tribunal estimó (en base al informe del fiscal) que ante la negativa de la entidad española respecto a la recepción de tales notificaciones y conforme a los principios procesales españoles del jus allegata, ...ha de acudirse a si ello se encuentra o no debidamente justificado, lo que en opinión del fiscal no acontece.

Grave error del Tribunal Supremo, pues nada ha de contar la opinión del fiscal al respecto. El Convenio de Nueva York es claro, tanto en su espíritu como en su letra, acerca de que las causas de oposición a la ejecución contenidas en el artículo V.1 han de ser no sólo alegadas, sino, sobre todo, también probadas, por la parte que se opone a la ejecución. Y el Tribunal Supremo, con su actitud en ese Auto, lo que hace es traspasar la carga de la prueba precisamente a la parte perjudicada por la oposición, en lugar de que aquélla sea soportada por quien formula ésta.

Además, el Tribunal Supremo acepta la tesis de la rebeldía, cuando del propio Auto se infiere que ésta fue voluntaria, ya que la entidad española fue notificada (esta vez, al parecer, fehacientemente) de la fecha y hora en que se celebraría la vista de la causa (60). En cuanto al argumento de la indefensión, no resulta claro del Auto si el plazo de seis días medió entre cualquier notificación (aunque negada por la entidad española) o entre la notificación fehaciente y la fecha de la vista en ambos casos; en el primer supuesto, la apreciación de la existencia de indefensión quedaría a la discreción del Tribunal; en el segundo no habría tal indefensión si la entidad que solicita la ejecución afirma (salvo que la entidad que se opone no sólo lo niegue, sino que además pruebe la causa de su negativa) que hubo una notificación anterior en el tiempo.

Otro, y grave, error del Tribunal Supremo lo constituye la argumentación para denegar la ejecución del laudo en base a lo dispuesto en el artículo 954.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (61). En efecto, dicho artículo 954.2 no resulta aplicable al supuesto de que se trata (conforme ya había señalado el Auto de 8 de octubre de 1981), ya que aquél tiene un carácter meramente subsidiario del artículo 951 (62), que es el que establece el régimen convencional de ejecución de las sentencias (y laudos arbitrales) dictadas en el extranjero (63).

Una vuelta a la interpretación congruente del artículo V.1 (b) del Convenio se pone de manifiesto en el Auto de 24 de marzo de 1982 (64), que incluye un reconocimiento expreso de la configuración que respecto de la carga de la prueba establece el artículo V. 1 del Convenio (65), así como una delimitación entre la rebeldía voluntaria y la indefensión derivada de la falta de notificación (66).

En el Auto del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1982 (67) se rechaza igualmente la oposición a la ejecución basada en la indefensión derivada de la falta de audiencia en el procedimiento arbitral, por cuanto la entidad española fue emplazada para designar su árbitro mediante carta enviada por conducto notarial, mediando acuse de recibo.

Igual línea interpretativa se mantiene en el Auto del Tribunal Supremo de 14 de enero de 1983 (68), en el que además se señala en uno de sus considerandos que el procedimiento a seguir en las notificaciones que se efectúen en el curso del arbitraje no tiene por qué ser el establecido en la legislación del Tribunal ante el que se solicita la ejecución (69), por lo cual el incumplimiento de tales normas no ha de ser base para estimar la indefensión.

También es denegada la rebeldía (en el sentido que a este concepto atribuía la parte que lo alegó) en el Auto del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1983 (70), que después de señalar que el artículo V.1 (b) del Convenio recoge la segunda circunstancia impeditiva establecida en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, afirma que ...cierto es que lo hace de un modo más específico y matizado..., queriéndose con ello decir que no toda situación de rebeldía provoca o puede ser causa de indefensión y que es esta circunstancia la decisiva para denegar el reconocimiento y no la mera rebeldía, que puede obedecer, como es bien sabido, a la propia conveniencia o interés de la parte....

El mismo espíritu anima el Auto del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1983 (71), donde, además, se diferencia claramente entre los conceptos de rebeldía y de indefensión (72), en la medida en que ésta, en el sentido del artículo V.1 (b), no toma en consideración la presencia o ausencia de las partes en el procedimiento arbitral, sino exclusivamente si se ha conculcado o no su derecho a la defensa. E idéntica posición fue la adoptada en el Auto de 10 de febrero de 1984 (73), donde se niega la rebeldía como causa de oposición a la ejecución del laudo arbitral, en base a lo previsto en el artículo V.1 (b) del Convenio (74).

Por último, hay que señalar que el artículo V.1 (b) del Convenio se refiere como causa de oposición, además de a las ya específicamente citadas, a que la parte en cuestión no haya podido hacer valer su medios de defensa por cualquier otra razón, como expresión general que comprendería cualquier circunstancia del procedimiento arbitral que produjera indefensión para una de las partes.

Con ello el Convenio deja abierta la posibilidad de oponerse a la ejecución siempre que se pruebe que las circunstancias concurrentes en el caso concreto motivaron la indefensión de la parte que se opone, quedando, ante la falta de previsión específica, a la discreción del Tribunal ante el que se pretende la ejecución del laudo determinar si efectivamente se produjo indefensión o no (75).

La causa de oposición referida en el epígrafe (c) del artículo V.1 del Convenio versa sobre la extralimitación del órgano arbitral en las facultades que se le habían conferido en orden a dilucidar la controversia sometida a arbitraje.

Una doble conexión puede establecerse entre el epígrafe (c) y el epígrafe (a) del artículo V.1. En sentido negativo puede señalarse que en el epígrafe (c) no se contempla el supuesto de oposición a la ejecución del laudo por falta de competencia en el órgano arbitral derivada de la ausencia de un acuerdo arbitral válido -que sí es objeto de la previsión del epígrafe (a)- (76). Y en sentido afirmativo cabe señalar que el epígrafe (c) reitera el principio establecido en el epígrafe (a) acerca de que no puede admitirse la ejecución de un laudo arbitral contra una parte que nunca aceptó someter a arbitraje las cuestiones sobre las que el laudo decide (77).

Esta causa de oposición es congruente con el carácter del procedimiento arbitral, ya que éste ha de quedar limitado a decidir sobre las controversias que las partes habían convenido en el acuerdo arbitral resolver mediante este cauce, y el arbitraje ha de llevarse a cabo precisamente con arreglo a los términos que las partes han previsto para ello (los denominados términos de referencia), ya sea directamente o por referencia con carácter general a una normativa reguladora del procedimiento arbitral.

Precisamente por ello es bastante extraño que en la práctica prospere esta causa de oposición (78), tanto más cuanto que en la mayoría de las legislaciones nacionales existe una previsión similar al respecto en relación con el arbitraje interno (79).

Un aspecto importante no contemplado en el Convenio de Nueva York es la legislación con arreglo a la cual el Tribunal ante el que se solicite la ejecución del laudo, y que por ende habrá de conocer sobre la oposición formulada en base a esta causa, deberá decidir si concurre ésta. Ante la falta de normas de conflicto expresamente previstas, la doctrina en Derecho comparado parece inclinarse por la aplicación de la ley a la que las partes sometieron el procedimiento arbitral, o en su defecto, de la ley del país donde se haya dictado el laudo arbitral, por analogía con lo previsto en cuanto a la norma de conflicto aplicable en el epígrafe (a) del artículo V.1 del Convenio (80).

Esta causa de oposición fue desestimada en el Auto del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1984, por entender que los árbitros decidieron sobre una controversia que se hallaba comprendida en el ámbito del compromiso o acuerdo arbitral (81).

En cualquier caso, además de la ya reseñada escasez en Derecho comparado de oposiciones presentadas a la ejecución de laudos extranjeros en base a este argumento, hay que tener en cuenta que como regla general puede hablarse de la existencia de una presunción, ya manifestada por algún Tribunal extranjero, en favor de la correcta actuación del órgano arbitral en cuanto a los límites y al ejercicio de sus facultades decisorias (82).

Por último, hay que destacar el espíritu de preservación del laudo que anima al Convenio de Nueva York en el inciso final del epígrafe (c), por virtud del cual sólo podrá denegarse el reconocimiento y ejecución de aquellas decisiones contenidas en el laudo que supongan extralimitación del órgano arbitral en el ejercicio de sus funciones. Pero si en el laudo se contienen otras decisiones autónomas o independientes de aquéllas, y en las que no concurra tal extralimitación, se establece un mandato al Tribunal para que proceda a la ejecución parcial del laudo, en lo que respecta a estas últimas (83).

El motivo de oposición contemplado en el epígrafe (d) del artículo V.1 se refiere estrictamente al procedimiento arbitral, tanto en lo que respecta a la composición del órgano arbitral como en cuanto al desarrollo del procedimiento. Para este supuesto sí se establece en el Convenio de Nueva York la norma a aplicar para determinar si ha concurrido efectivamente esta causa de oposición. Y de forma congruente con su filosofía inspiradora se señala como norma a tener en cuenta la voluntad de las partes expresada en los términos del acuerdo arbitral, y sólo en su defecto se habrá de acudir supletoriamente a la legislación del país sede del arbitraje.

Como cuestión preliminar, hay que señalar la relación existente entre el epígrafe (a) y el epígrafe (d) del artículo V.1. En efecto, las partes pueden configurar la constitución del órgano arbitral o el desarrollo del procedimiento de arbitraje del modo que estimen más conveniente, por vía convencional y sin sumisión a legislación nacional alguna. Pero el epígrafe (a) del propio artículo V.1, que ya se ha analizado anteriormente, no concibe el acuerdo arbitral como anacional, es decir, sin sometimiento a alguna normativa nacional (recurriéndose a dos posibles criterios para determinar la ley reguladora del mismo) (84). En consecuencia, puede ocurrir que las partes hayan establecido una legislación reguladora del acuerdo arbitral (o que, en su defecto, rija la ley del país en que haya de dictarse el laudo), pero hayan previsto la constitución del órgano arbitral o el procedimiento de arbitraje de modo autónomo o independiente de tal legislación reguladora del acuerdo arbitral; en tal caso, podría producirse el hecho de que bien el criterio de constitución del órgano arbitral, o el procedimiento de arbitraje sean contrarios a la ley reguladora del acuerdo arbitral, de modo que no sería alegable la causa de oposición prevista en el epígrafe (d), pero sí la del epígrafe (a) (85).

Por lo tanto, hay que concluir que la autonomía de la voluntad de las partes a este respecto se halla condicionada por el hecho de que tanto la constitución del órgano arbitral como el procedimiento de arbitraje deben ser conformes, o al menos no contrarios, a la normativa reguladora del acuerdo arbitral (86).

Las cuestiones a las que el epígrafe (d) hace referencia se enmarcan en el contexto de las denominadas garantías del procedimiento arbitral (87), y en tal sentido esta previsión del Convenio ha sido referida, directa o indirectamente, en la mayoría de los Autos dictados por el Tribunal Supremo en relación con la ejecución en España de laudos arbitrales extranjeros.

Así, el Auto de 11 de febrero de 1981 señalaba que el laudo arbitral fue dictado por un solo árbitro, de conformidad con la posibilidad establecida al respecto por las partes en el acuerdo arbitral, lo que estaba igualmente de acuerdo con el Derecho inglés, que era el aplicable por voluntad de las partes. A la vista de los hechos a que se refiere este Auto, que habían sido previstos y establecida su solución en el acuerdo arbitral entre las partes, puede plantearse el problema de qué ocurriría si la constitución del órgano arbitral no se lleva a cabo conforme al acuerdo entre las partes porque una de ellas se niega a prestar su colaboración, necesaria para que pueda tener lugar aquélla, a tenor de los términos de tal acuerdo. En tal supuesto, parece que ha de concluirse que la constitución del órgano arbitral habrá de llevarse a cabo de conformidad con la ley a que las partes hayan sometido el procedimiento arbitral, y en ausencia de designación expresa, conforme a la ley del lugar de celebración del arbitraje (88).

Idéntica solución en cuanto a esta cuestión se apunta en el Auto de 3 de junio de 1982, donde la sociedad que se oponía a la ejecución del laudo había desatendido el requerimiento recibido para la designación del árbitro que le correspondía conforme al acuerdo arbitral (89).

Doble análisis del epígrafe (d) se efectúa en el Auto de 14 de enero de 1983. En primer lugar, se reafirma en el Auto el criterio subyacente en el citado epígrafe de consagrar la autonomía de la voluntad de las partes en orden a establecer las características del procedimiento de arbitraje a seguir (90). Y en segundo término, se ratifica la aplicación al procedimiento de arbitraje de la legislación de la sede del arbitraje, a falta de acuerdo entre las partes al respecto (91).

La falta de actividad de una de las partes en la designación de árbitros, y el modo de proceder a la constitución del órgano arbitral en tal supuesto, es también objeto de análisis en el Auto de 10 de febrero de 1984, a cuyo tenor en esa hipótesis habrá de recurrirse a lo que sobre el particular disponga la ley del lugar de arbitraje (92). Y el Auto de 26 de abril de 1984 reitera una vez más que la regularidad de la actividad arbitral en términos procedimentales ha de ser estimada, no habiendo acuerdo entre las partes al respecto, con arreglo a la legislación vigente en el país donde se ha realizado el arbitraje.

De lo hasta aquí expuesto en cuanto a la interpretación por el Tribunal Supremo del epígrafe (d) del artículo V.1 cabe concluir el carácter relativo del acuerdo entre las partes, ya que éste no se puede reputar existente no sólo cuando no se ha hecho referencia al mismo en el acuerdo arbitral, sino cuando, aun habiéndose hecho, carece de operatividad por la falta de voluntad de una de las partes para contribuir a la formación de tal acuerdo, supuesto en que éste ha de considerarse inexistente, y consiguientemente regirá la ley aplicable en el lugar de celebración del arbitraje (93).

Por último, hay que señalar que esta causa de oposición puede tener una vinculación próxima a las cuestiones de orden público, lo que limitaría la libertad que a las partes les viene conferida a este respecto según se establece en ese epígrafe (d) (94).

La última causa de oposición establecida en el artículo V.1 hace referencia directamente al laudo arbitral dictado como consecuencia del correspondiente procedimiento, señalando tres circunstancias que podrían basar una oposición a la ejecución del laudo en caso de que una cualquiera de ellas afectara a éste.

La primera es que el laudo arbitral no sea obligatorio para las partes (95). La inmediata cuestión que se plantea es el alcance del término obligatorio. A este respecto se ha señalado que un laudo arbitral puede considerarse obligatorio cuando ya no existen disponibles recursos ordinarios; la simple posibilidad de recursos extraordinarios, como una acción de anulación, no impide que el laudo sea obligatorio (96). No obstante, y a pesar de las decisiones judiciales que al respecto se han ido pronunciando durante la vigencia del Convenio (97), algún autor apunta la conveniencia de que en el propio acuerdo arbitral las partes, a fin de evitar cualquier problema de interpretación que se pudiera plantear a la hora de la ejecución del laudo, prevean expresamente que éste se considerará obligatorio para ellas por el solo hecho de ser dictado (98).

Un problema que se plantea en relación con la determinación del carácter obligatorio del laudo y que aparece solucionado en el propio epígrafe (e) para las otras dos circunstancias que en él se contemplan, es la normativa o ley de conflicto a aplicar para decidir acerca de tal obligatoriedad. A este respecto (99) se ha señalado la doble posibilidad de que la interpretación del concepto obligatorio se efectúe con independencia de cualquier legislación nacional o cuerpo normativo predeterminado, como un concepto convencional autónomo (100), o bien que para su determinación hubiera de aplicarse la lex loci arbitri, es decir, la ley del propio arbitraje (101). Más adecuada parece la primera postura, dado que la previsión de aplicación de la ley del arbitraje (ya sea la del país en que se dictó el laudo o aquélla conforme a la que éste se dictó) se prevé específicamente para las otras dos circunstancias referidas en el epígrafe (e), por lo que habría que concluir que si el propósito del Convenio hubiera sido la aplicabilidad a este supuesto de dicha ley, carecería de sentido alguno el que ésta se hubiera restringido en cuanto a su aplicación por el epígrafe (e) a las otras dos causas de oposición en él contempladas (102).

En lo que se refiere a la interpretación que de esta causa de oposición ha realizado el Tribunal Supremo español, sólo se refieren a ella los Autos de 4 de octubre de 1983 y de 26 de abril de 1984. En el primero se viene a distinguir entre el requisito de obligatoriedad para las partes que respecto de la ejecución de laudos establece el Convenio, y el requisito de firmeza (103) que no resulta de aplicación en tales supuestos. En la segunda, el Tribunal Supremo simplemente señala que el laudo no ha sido objeto de recurso, por lo cual lo califica de final vinculante para las partes (104).

Para terminar con el análisis de esta causa de oposición es necesario mencionar al menos el problema que se suscita en aquellos supuestos en que el laudo arbitral sea confirmado judicialmente en el país en que se haya dictado. En tal caso se plantea la duda de si la confirmación judicial transforma el laudo, a los efectos de ejecución, en una sentencia, o si pese a tal confirmación se mantiene su naturaleza de laudo arbitral. La respuesta a esa interrogante es decisiva por cuanto si se considera que el laudo deja de ser tal para convertirse en una sentencia, el Convenio de Nueva York dejaría de ser aplicable y habría que seguir el procedimiento de ejecución, en el país en que ésta se pretenda, aplicable a las sentencias extranjeras (105).

La segunda causa de oposición mencionada en el epígrafe (e) hace referencia a que el laudo arbitral haya sido anulado en el país en que se dictó o con arreglo a cuya ley se dictó. Dos aspectos a destacar en esta previsión. En primer lugar, el hecho de que la competencia para anular el laudo reside en el país donde, o con arreglo a cuya ley, aquél fue dictado. Quiere ello decir, a sensu contrario, que el Tribunal ante el que se solicita la ejecución no puede entrar a considerar, en base a esta causa de oposición, las circunstancias del arbitraje o el fondo de la controversia y en su virtud proceder a anular el laudo arbitral, sino que su actuación ha de quedar limitada a otorgar o denegar, a la vista de lo dispuesto en el Convenio, la ejecución que del laudo arbitral se solicita (106).

Y, en segundo término, el hecho de que la decisión del Tribunal que, conforme a los límites de competencia para ello previstos en el artículo V.1 (e), anule el laudo arbitral, tiene efectos extraterritoriales, en la medida en que su decisión al respecto puede fundamentar, con arreglo al citado precepto, una acción de oposición a la ejecución del laudo (107).

Así pues, del texto del epígrafe (e) del artículo V.1 parece desprenderse con meridiana claridad que el hecho de que el laudo haya sido anulado por quien tenía competencia, conforme a lo establecido en el propio epígrafe, para proceder a tal anulación constituye una causa de oposición suficiente frente a la solicitud de ejecución del laudo. Sin embargo, es necesario referirse a una excepción a tal circunstancia que se deriva del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961, y en cuya virtud cabría proceder a la ejecución del laudo a pesar de que éste hubiera sido anulado, siempre y cuando la anulación no se hubiera basado en alguna de las causas que expresamente se relacionan en el artículo IX.2 de dicho Convenio Europeo (108).

Algún autor ha añadido que la ejecución del laudo debería acordarse a pesar de que éste hubiera sido anulado cuando el Tribunal que ha otorgado la anulación ha actuado de forma corrupta o insidiosa (109).

La decisión de anular el laudo arbitral ha de ser adoptada por una autoridad competente, expresión que ha de ser interpretada en cada caso con arreglo a las normas de competencia que sean de aplicación según la legislación interna del país en cuestión. Como regla general, y dada la naturaleza del procedimiento arbitral, la revisión de la decisión recaída en éste corresponderá a los órganos judiciales.

En cuanto a la competencia territorial para anular la decisión arbitral, aquélla se establece en el epígrafe (e) respecto del país en que, o conforme a cuya Ley, ha sido dictada esa sentencia. No es clara la expresión del Convenio en este punto, ya que puede dar lugar a una doble interpretación, admisible a tenor de la literalidad de la norma, en caso de que el laudo se dicte en un país aplicando una legislación arbitral de un país diferente.

En efecto, puede entenderse que el Convenio admite una doble posibilidad, con carácter cumulativo, de anulación del laudo, por la autoridad del país en el que se dictó aquél y por la autoridad del país con arreglo a cuya ley se dictó el laudo (110). La postura radicalmente contraria es la de que el laudo arbitral sólo puede ser anulado en el país en que se dictó (111). Entre ambas existe, corno ocurre habitualmente, una postura intermedia, según la cual la previsión del epígrafe (e) a este respecto tiene un carácter alternativo y no cumulativo, de forma que la anulación puede ser adoptada bien por el país en que el laudo se dictó, bien por el país con arreglo a cuya ley se dictó (112).

Por último, hay que señalar que en el Convenio (113) no se establece criterio alguno con arreglo al cual haya de procederse o no a la anulación del laudo, por lo que cabe inferir que esa cuestión habrá de decidirse de acuerdo a la legislación del país en el que se sustancie el procedimiento de anulación, de modo que no existe a priori limitación alguna sobre los motivos o causas de anulación (114).

La última causa de oposición a la ejecución de un laudo arbitral extranjero referida en el epígrafe (e) del artículo V.1 es la relativa a la suspensión del laudo arbitral.

A este respecto, las consideraciones expuestas en relación con la anulación del laudo arbitral, en lo relativo a la competencia así como a los criterios a utilizar para decidirla, deben ser aplicados mutatis mutandis al supuesto de suspensión del laudo, ya que ambos son contemplados de forma conjunta en el referido epígrafe (e).

Esta última causa de oposición, basada en la suspensión del laudo, hay que entenderla referida a aquellos supuestos de paralización de la eficacia del laudo, lo que equivale de hecho a una suspensión de su ejecutabilidad o de su ejecución, aunque el laudo siga siendo, por el momento, válido y vinculante para las partes. A tenor de lo previsto en el epígrafe (e), no constituiría causa de oposición suficiente la alegación de que el laudo ha quedado en suspenso por el acaecimiento de determinadas circunstancias o incluso por virtud de las previsiones legales aplicables, sino que se requiere que exista una expresa declaración de la suspensión del laudo en el ámbito de competencia territorial previsto en dicho precepto (115).

Sólo un Auto del Tribunal Supremo español ha hecho referencia, aunque de modo indirecto, a la anulación o suspensión del laudo arbitral como motivo de oposición a la ejecución. El Auto de 24 de marzo de 1982 viene a señalar que el supuesto de anulación o suspensión del laudo arbitral por la jurisdicción competente constituye el único caso en que el Convenio de Nueva York permite una revisión, al margen del órgano arbitral, del asunto o controversia que las partes decidieron fuera dirimido mediante arbitraje (116).

Sobre la anulación y la suspensión del laudo arbitral versa también la previsión del artículo VI del Convenio, a tenor de la cual, si se ha pedido a la autoridad competente, prevista en el artículo V, párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas.

Dos aspectos bien diferenciados se prevén en el artículo VI del Convenio.

El primero se refiere a la facultad concedida al Tribunal ante el que se sustancia la ejecución del laudo para aplazar su decisión al respecto, en caso de que se halle pendiente una decisión sobre la anulación o la suspensión de aquél, conforme a la posibilidad que al respecto se prevé en el artículo V.1 e).

Tal posibilidad parece congruente a la vista de que el proceso judicial puede ser mucho más lento en el país de origen del laudo (o en aquel conforme a cuyo derecho ha sido éste dictado) que en el país en donde se pretende su ejecución, y de ahí que en éste se alcance la fase de alegaciones, donde la parte en cuestión deberá hacer uso de la causa de oposición consistente en la anulación o suspensión del laudo, cuando todavía se esté sustanciando el procedimiento iniciado para obtener la anulación o suspensión de éste.

Se trata, pues, de una solución prevista en el Convenio para remediar los daños irreparables que se pueden causar en caso de que se otorgue la ejecución de un laudo hallándose pendiente de decisión un procedimiento tendente a su anulación o suspensión, en caso de que finalmente se anule o suspenda el laudo como consecuencia de aquél.

A tenor del precepto, la actividad en el procedimiento corresponde a la parte que se opone a la ejecución del laudo, quien deberá solicitar del Tribunal competente para la ejecución que aplace su decisión sobre la materia, proporcionándole a tal fin prueba suficiente de que ha iniciado un procedimiento o, en general, cualquier otro tipo de actuación encaminada a obtener la anulación o suspensión del laudo, conforme a lo previsto en el artículo V.1 e) (por lo tanto, es necesario que medie una petición efectiva al respecto, sin que pueda bastar, por consiguiente, la mera declaración de que existe la intención de comenzar tal actuación).

Mediando tal solicitud, el Tribunal podrá decidir si aplaza su decisión acerca de la ejecución del laudo o bien prosigue normalmente el procedimiento para alcanzar tal decisión. Ningún criterio predeterminado establece el Convenio en orden a la adopción por el Tribunal de su decisión sobre el aplazamiento o no de la ejecución, por lo que puede concluirse que tal decisión quedará totalmente a la discreción de aquél (si lo considera procedente, reza el texto del precepto) (117).

La segunda parte de la norma se refiere al caso en que el Tribunal acepte la solicitud que le ha sido formulada y acuerde un aplazamiento de la decisión sobre la ejecución del laudo. En tal caso la parte que pretendiera ejecutar el laudo podrá, a su vez, pedir del Tribunal que se ordene la prestación de garantías (118) a la parte que ha dado lugar al aplazamiento de la ejecución.

Como comentarios que cabe formular a este respecto habría que decir que, de nuevo en este supuesto, la actuación del Tribunal ha de realizarse a instancia de parte (de modo que, según la literalidad del Convenio, en caso de que no se solicite la prestación de garantías, el Tribunal carece de facultades para ordenarla sua sponte). Y, en segundo término, que a pesar de que exista tal solicitud el Tribunal puede denegarla y acordar sin más el aplazamiento de su decisión, excusando a la parte que se beneficiaría de ésta de la prestación de garantías.

En lo que se refiere a las garantías a otorgar nada dice específicamente el Convenio, limitándose a señalar que éstas habrán de ser apropiadas. Tal expresión hay que entenderla referida al criterio del Tribunal en cada caso concreto, a la vista de las circunstancias concurrentes, sin que pueda señalarse a priori un criterio al respecto, ni sobre la cuantía ni sobre la índole o naturaleza de tales garantías. En consecuencia, éstas podrán consistir en la consignación de una suma de dinero, o en el otorgamiento de una garantía bancaria por un importe determinado, o en la adopción de medidas de aseguramiento en relación con bienes propiedad de la parte que ha solicitado y obtenido el aplazamiento de la decisión sobre la ejecución, entre otras posibilidades.

Una doble finalidad puede señalarse en la previsión del Convenio relativa a la prestación de garantías. En primer lugar, mediante ella se evita (o al menos se dificulta) la iniciación de un procedimiento en el país de origen del laudo (o en aquel conforme a cuya ley se ha dictado) con una finalidad exclusivamente dilatoria de la ejecución del laudo. Y en segundo término se asegura que en caso de que el procedimiento de anulación o suspensión finalice sin que se conceda alguna de éstas, la parte que había solicitado la ejecución del laudo pueda ser resarcida de los daños y perjuicios que la demora en la ejecución del laudo, derivada del aplazamiento acordado, le haya podido producir (119).

En cuanto a los motivos que pueden inducir al Tribunal a excusar de la prestación de garantías, habrá que estar de nuevo a las circunstancias del caso concreto. No obstante, pueden señalarse, como posibles supuestos a este respecto, que el Tribunal estime que, ante el supuesto de hecho, es más que probable que en el procedimiento correspondiente se acuerde la anulación del laudo o su suspensión, por lo que la exigencia del otorgamiento de garantías supondría añadir una carga o gravamen injustificados sobre la parte que pretende la anulación o suspensión del laudo; o bien que se considere que no existen visos de perjuicio para la parte que solicite la ejecución a consecuencia del aplazamiento de la decisión sobre ésta (por ser breve el período de aplazamiento acordado, por ejemplo).

A la luz del artículo VI del Convenio puede señalarse que existe una íntima conexión entre la concesión del aplazamiento y la prestación de garantías, en caso de que éstas sean requeridas, de modo que puede hacerse depender aquél de la efectividad de éstas (ya se conciba el otorgamiento de garantías corno requisito previo a la concesión del aplazamiento, o bien éste pueda ser revocado en caso de que las garantías no se presten en el plazo fijado por el Tribunal al respecto, y conforme a los criterios o exigencias establecidos por éste).

Aunque resulta claro del propio artículo VI, en contraposición al artículo V, no está de más resaltar que la previsión de aquél no puede considerarse como un motivo de oposición a la ejecución del laudo (hallándose éstos predeterminados, y con carácter tasado, en el artículo V), sino como una medida provisional a la espera de la resolución de un procedimiento paralelo (120), que se halla pendiente de decisión, y cuya resolución sí puede dar lugar a la aparición de una de las causas de oposición a la ejecución del laudo -la prevista en el artículo V.1 e)-.

Como corolario puede señalarse que si el Tribunal decide aplazar la ejecución del laudo y el procedimiento que ha de pronunciarse sobre la suspensión o anulación del laudo concluye sin que se resuelva alguna de éstas, entonces el procedimiento sobre ejecución del laudo continuará hasta que recaiga la decisión final, ejecutándose las garantías prestadas en la medida en que haya lugar a ello, o restituyéndose aquéllas a la parte que las prestó en caso contrario.

Más dudosa es la solución al supuesto de que el Tribunal ante el que se sustancia la ejecución del laudo acuerde no conceder el aplazamiento, decida la ejecución del laudo y posteriormente a ésta el procedimiento iniciado para resolver sobre la anulación o suspensión concluya declarando que ha lugar a alguna de éstas. En tal caso parece lógico que la solución a adoptar dependa de la legislación interna del Estado en el que se haya procedido a la ejecución del laudo, si bien, y con carácter general, en base a consideraciones de equidad, parece lógico que las medidas que se adopten hayan de orientarse en el sentido de anular la ejecución del laudo concedida (procediéndose a las restituciones a que ello dé lugar) y reponer el procedimiento de ejecución al estado en que se hallaba cuando la solicitud de aplazamiento fue presentada por la parte en él interesada, de modo que ésta tenga la oportunidad de utilizar la causa de oposición referida en el artículo V.1 e) (sin perjuicio de que, en su caso, el Tribunal ante el que se pretende ejecutar el laudo estime o no tal causa de oposición y, en consecuencia, acuerde denegar la ejecución del laudo, o bien conceda ésta, respectivamente).

IV.- CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LA EJECUCIÓN

La otra hipótesis prevista en el Convenio de Nueva York que puede frustrar la efectividad del laudo arbitral es el supuesto de denegación de su ejecución, conforme a lo establecido en su artículo V.2, según el cual:

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:

a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.

Son dos, pues, las que se podrían denominar causas de denegación de la ejecución, por contraste con las causas de oposición referidas en el artículo V.1. En los supuestos del artículo V.2 la carga de la prueba ya no corresponde a la parte que se opone a la ejecución del laudo, y ni siquiera es necesaria tal prueba. En efecto, el precepto de que se trata hace referencia a la comprobación por el Tribunal ante el que se solicita la ejecución, que, en consecuencia, actuará a iniciativa propia en orden a verificar la existencia de alguna de las dos circunstancias establecidas en esa norma. Ello no quiere decir, por supuesto, que la existencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo V.2 no pueda ser esgrimida por la parte que se opone a la ejecución del laudo, pero en tal caso su actividad podrá limitarse a tal alegación, sin que haya de soportar la carga de la prueba.

Una de las cuestiones que se han planteado en relación con el artículo V.2 es si el Tribunal ante el que se sustancia la ejecución del laudo, ante la apreciación de una de las circunstancias a que se refiere el precepto citado, está obligado a denegar la ejecución, o bien si está dentro de sus facultades el conceder la ejecución a pesar de ello. De la última redacción literal del precepto parece que hay que decidirse por esta última, ya que el término podrá debe interpretarse en el sentido de no vincular al Tribunal en cuanto al sentido de la decisión que adopte respecto a la ejecución (121). Sin embargo no existe una postura unánime en la doctrina sobre este particular (122).

Otro aspecto a abordar, antes de entrar a examinar cada una de las previsiones del artículo V.2, es si las causas de denegación de ejecución previstas en dicha norma tienen carácter limitativo o, por el contrario, el Tribunal puede denegar la ejecución por otras razones (que se hallen previstas en el derecho interno como causas de denegación de la ejecución para laudos nacionales). A este respecto, la conclusión ha de ser clara y tajante en sentido negativo. Las causas de denegación de la ejecución del laudo son tasadas en el artículo V.2, y el Tribunal no puede invocar cualquier otra que no esté allí relacionada. Ello es consecuencia lógica del carácter de regla general que tiene, con arreglo al Convenio, la ejecución del laudo, y el carácter excepcional que tiene la denegación de su ejecución.

La primera causa de denegación de la ejecución solicitada que el Tribunal podrá entrar a considerar es que el objeto de la controversia sometida y decidida mediante un procedimiento arbitral no es susceptible de arbitraje (123). El propio precepto establece claramente que la norma a aplicar por el Tribunal para decidir sobre esta cuestión será la legislación del propio foro (124).

Si bien existe una opinión bastante común acerca de que las dos previsiones del artículo V.2 del Convenio tienen su razón de ser en consideraciones relativas al imperio del orden público del país en el que se solicita la ejecución del laudo (125), el epígrafe (a) se refiere específicamente al objeto de la controversia. Parece que esta previsión no ha de entenderse (y de hecho no lo ha sido en sentencias de Derecho comparado que han denegado la ejecución del laudo en base a esta norma) limitada al objeto específico de la controversia, sino más bien a la índole o naturaleza de la relación jurídica existente entre las partes, y respecto a la que se ha acordado entre éstas que cualquier diferencia sea sometida a arbitraje (126). Y por otra parte la no arbitrabilidad de la materia objeto de la controversia se ha establecido en algunos casos que no tiene un carácter absoluto, pudiendo desaparecer en el caso de contratos internacionales y permaneciendo vigente solamente en el supuesto de contratos nacionales (127).

La previsión del artículo V.2 (a) del Convenio señala un aspecto importante a tener en cuenta por las partes a la hora de prever (normalmente por vía contractual) el arbitraje como medio de dirimir los conflictos que entre ellas se planteen en el seno de su relación. En efecto, la materia sobre la que verse el arbitraje deberá ser susceptible de éste con arreglo a la ley a la que las partes han sometido el acuerdo arbitral (puesto que de otra forma una de ellas podría alegar la causa de oposición prevista en el artículo V.1 (a) en relación con la invalidez del acuerdo arbitral), o en ausencia de ésta, conforme a la ley del país en que el laudo ha de ser dictado. Pero además, y por virtud del artículo V.2 (a), las partes habrán de tener presente si la materia de que se trate es susceptible de arbitraje en el país en que, una vez obtenido el laudo, la parte favorecida por éste pretendería su ejecución, pues de lo contrario podrían encontrarse con la existencia de un laudo arbitral válido pero ineficaz (al menos en esa jurisdicción) por la imposibilidad de obtener su ejecución.

El fundamento de la causa de denegación de la ejecución prevista en el epígrafe (a) radica, precisamente, en el ánimo que inspiró la elaboración del Convenio de Nueva York de que éste no suponga una injerencia en la legislación interna de país alguno, u obligue al Estado en que se pretenda la ejecución del laudo a violentar las normas que aplicaría en un caso de arbitraje puramente nacional (sobre esta cuestión se volverá al tratar del epígrafe (b) del propio artículo V.2).

Una última consideración en torno a esta causa de denegación, y es que, debido a su íntima conexión con la normativa interna del país en que se pretenda la ejecución del laudo, que será en última instancia la que haga que esta previsión despliegue sus efectos, aquélla no supone una imposibilidad absoluta de ejecución del laudo, sino de mera imposibilidad relativa, ya que podrá intentarse la ejecución de éste en un foro diferente, donde la materia en cuestión, conforme a las leyes en él vigentes, tenga carácter de arbitrable.

La segunda causa de denegación de la ejecución tiene también su origen en la normativa propia del país en que aquélla se pretende, y más concretamente en el respeto al orden público de ese país. Sin perjuicio de examinar en particular a continuación el caso español, hay que señalar la gran dificultad que en la mayoría de los países ha representado el tratar de armonizar las previsiones de derecho interno con la aplicación del Convenio, en lo que a la cuestión de orden público se refiere (128), lo que ha dado lugar a interpretaciones judiciales sumamente restrictivas del concepto de orden público cuando la invocación de éste pudiera resultar perjudicial para el cumplimiento de los fines perseguidos por el Convenio (129). En esta línea ha de incardinarse la elaboración de dos conceptos, o mejor, de dos criterios diferentes de aplicación, en relación con el orden público.

En efecto, la experiencia en la práctica del Convenio de Nueva York ha ido poniendo de manifiesto que, al menos en términos generales, una interpretación estricta del concepto de orden público podría frustrar la efectividad del Convenio. De ahí que se haya establecido en muchos casos un criterio de orden público aplicable a supuestos de ámbito puramente doméstico o interno, y otro más limitado cuando la cuestión de que se trata tiene una dimensión internacional, lo que ha motivado que se empiece a hablar de la existencia de un orden público interno y de un orden público internacional.

Y ello no porque en realidad sea así, sino para significar claramente que cuando la materia de que se trate tenga una naturaleza internacional el concepto de orden público será interpretado restrictivamente, de modo que su ámbito se reduzca respecto al que tendría en la hipótesis de un supuesto meramente interno, recogiendo tan sólo las nociones básicas y consustanciales al derecho del país de que se trate (130). Esta postura, loable en la medida en que redundaría en la agilización de la solución a las controversias internacionales, y como consecuencia en una mayor seguridad jurídica en el plano internacional, puede plantear también dificultades de orden práctico, en cuanto una aplicación extrema de la misma llevaría a desembocar en una situación de discriminación para los nacionales del país en cuestión difícilmente justificable (131). Sin embargo, ésta parece ser la línea seguida en la práctica por los Tribunales de la mayoría de los países que forman parte del Convenio (132).

Por otra parte, no hay que olvidar que el orden público es un concepto de carácter general, abstracto y, en cierto modo, vago (133), cuya violación vendrá determinada por circunstancias específicas acaecidas o concurrentes en el procedimiento arbitral o a resultas de éste. Es prácticamente imposible resumir las circunstancias que se han esgrimido en Derecho comparado para fundamentar la vulneración del orden público. Sí se pueden señalar como categorías más habituales las relativas a la existencia de irregularidades en el procedimiento arbitral (entre las que cabe señalar la existencia de una infracción del orden público procesal en el modo en que se ha desarrollado el arbitraje, y en relación con esta última la indefensión que tal circunstancia ha podido producir para alguna de las partes) (134), la falta de imparcialidad en el órgano arbitral (135), y la falta de motivación del laudo (136).

La posibilidad de denegar la ejecución de un laudo arbitral extranjero en base a la violación del orden público interno ha sido frecuentemente utilizada en España, en base, fundamentalmente, a las previsiones de la Ley reguladora de los Arbitrajes de Derecho Privado, de 22 de diciembre de 1953. Hasta la ratificación por España del Convenio de Nueva York en 1977, la confrontación directa y automática del acuerdo arbitral y del procedimiento de arbitraje con las previsiones de la referida ley era una prueba de fuego a la que indefectiblemente se veían sometidos los laudos arbitrales extranjeros cuya ejecución se pretendía conseguir en España (137).

Tal actitud, criticada de un modo sostenido por la doctrina (138), se basaba en un concepto de orden público aplicado al aspecto procesal, por estimar que la normativa de la Ley de 1953 constituía precisamente el orden público del foro, que había de ser respetado y cumplido por el laudo extranjero que pretendía ejecutarse. Naturalmente, ni qué decir tiene la dificultad de que pudiera darse cumplimiento a tal exigencia, por la propia estructura y concepción que del arbitraje contenía dicha Ley (139).

No es necesario profundizar aquí en el análisis de esa Ley, por cuanto existen numerosos estudios sobre el particular (140), y también porque el argumento de que los preceptos de aquélla constituyen normas de orden público carece ya de vigencia en este ámbito (en caso de que la hubiera tenido en algún momento), dado que la ratificación por España de los Convenios de Ginebra de 1961 y de Nueva York y su consiguiente incorporación al Derecho interno español hace que cualquier colisión entre aquélla y éstos, con independencia de la superior jerarquía normativa de los Tratados (141), haya de sustanciarse por el criterio cronológico, siendo ambos posteriores a la Ley de 1953, por lo que serían de aplicación preferente respecto a ésta (142).

Sin embargo, sí se ha seguido esgrimiendo tradicionalmente, después de 1977, el carácter de orden público de los preceptos de la Ley de 1953 frente a la pretensión de ejecución de laudos arbitrales extranjeros en España. Frente a esta postura, el Tribunal Supremo ha sido concluyente en todos sus Autos en los que se planteaba el tema.

Expresamente y sin paliativos se rechaza el carácter de norma de orden público atribuible a la Ley de 1953 en el Auto de 8 de octubre de 1981 (143), de modo análogo a como posteriormente lo hace el Auto de 14 de enero de 1983 (144).

También rechaza la infracción del orden público español el Auto de 17 de junio de 1983, donde se establece que la actuación que sea acorde con el Convenio no puede considerarse que incurra en vulneración del orden público en España ...puesto que el Convenio forma parte de su ordenamiento jurídico, e integrado en aquél....

E igual decisión se adopta en el Auto de 4 de octubre de 1983, esta vez por referencia a una supuesta infracción de lo previsto en el artículo 953 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalando que el respeto a la exigencia subyacente en el artículo V.2 (b) del Convenio es una circunstancia que concurre en el caso debatido (145).

Y, por último, el Auto de 10 de febrero de 1984, después de examinar y rechazar las causas de oposición alegadas por la parte que se oponía a la ejecución del laudo, pasa a examinar de oficio, tal como corresponde conforme al artículo V.2 del Convenio, las circunstancias relacionadas en éste, señalando que al ser el objeto de la controversia susceptible de solución por vía arbitral, y no contradecir el reconocimiento y ejecución solicitados al orden público de este país (artículo V.2), procede acceder al exequatur interesado....

Como corolario, pues, puede apreciarse que el Tribunal Supremo hasta la fecha no ha hecho uso de la noción de orden público como causa de denegación de la ejecución, manifestando más bien una toma de posición clara a favor de una interpretación restrictiva de la citada noción, acorde con las ideas relativas a la existencia de un orden público internacional prevalentes en Derecho comparado.

V.- CONCLUSIÓN

Sintéticamente se han examinado aquí las vicisitudes que, con arreglo al Convenio de Nueva York, puede atravesar un laudo arbitral extranjero en lo que a su ejecución se refiere.

El análisis de los tres artículos relevantes del Convenio, en relación con los requisitos, las causas de oposición y las causas de denegación de la ejecución, se ha realizado, con carácter principal, en base a su interpretación por los Tribunales y la doctrina de los países que más experiencia han acumulado en la aplicación de aquél, para luego examinar en cada caso la posición adoptada por el Tribunal Supremo español, en relación con las cuestiones que sobre cada uno de tales aspectos se han ido suscitando durante la corta etapa de vigencia en España del referido Convenio.

Y por lo que respecta al tema objeto de estudio en el ámbito español, la conclusión obtenida no puede ser más positiva, en términos de una interpretación y aplicación progresiva del Convenio por el Tribunal Supremo, acorde con los criterios predominantes en Derecho comparado.

Aunque con alguna excepción aislada, el Tribunal Supremo ha asumido plenamente el Convenio de Nueva York en esta materia, no tanto en cuanto a su vigencia (que viene impuesta por el hecho de su ratificación por España), sino, lo que es más importante, en cuanto a su espíritu. De esta forma quedan prácticamente suprimidos los recelos que pudiera suscitar, respecto a la efectividad de los resultados del arbitraje, el hecho de que la ejecución del laudo dictado haya de tener lugar en España.

Por lo tanto, puede afirmarse, a la vista de la experiencia habida hasta la fecha, que España se ha unido al esfuerzo por promover y desarrollar un efectivo sistema de arbitraje internacional, de gran trascendencia como medio de resolución de controversias en las relaciones internacionales, que si bien es especialmente relevante en el ámbito comercial, se enmarca con carácter más general en el fenómeno de supranacionalización o transnacionalización del Derecho que tanto auge ha cobrado en los últimos años.

(*) El presente artículo obtuvo, compartido, el Premio Nacional La Ley de Artículos Doctrinales de profesionales correspondiente a la convocatoria para 1984.